En específico, se trata de uno de los cuatro predios con clave catastral KR-002-030 con un área de casi 8 hectáreas, ubicado en el fraccionamiento Colinas del Sauzal. No obstante, el juez exige una garantía de 3 millones de pesos por daños y perjuicios a terceros a los supuestos afectados quienes impugnarán está condición.

“En otras palabras, aunque el ayuntamiento es efectivamente propietario de dichos predios, su función es únicamente la de administrarlos para el bien público”, explicaron los vecinos en un comunicado.

El miércoles 8 de octubre, el mismo juzgado otorgó una suspensión provisional y solicitó a las autoridades responsables, a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento, un informe previo que se presentó con un único argumento de que “los actos reclamados no eran ciertos”.

El Juzgado determinó que dicha negativa quedó desvirtuada con el contenido de la convocatoria pública del 2 de octubre de 2017 del Pleno del Cabildo, mediante la cual se autoriza la enajenación del predio en cuestión. El día 30 de noviembre será la audiencia.

Como grupo participativo que buscamos calidad de vida para El Sauzal, estamos muy contentos por esta resolución del Juzgado, y seguiremos dando los pasos que sean necesarios para que se garantice nuestra participación en las decisiones que nos afectan no sólo por tratarse del Sauzal, si no por ser a la entrada a la ciudad” comentó Martín Verdugo, habitante de Colinas del Mar.

Otro reclamo paralelo, es que el 25 de octubre presentaron una denuncia ante la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del Municipio, por haber autorizado el proyecto ejecutivo denominado fraccionamiento Colinas de El Sauzal.

“Los vecinos solicitamos que se suspendan las obras y actividades englobadas en el citado fraccionamiento que se encuentren en ejecución, entre otras cosas, por exceder significativamente la densidad de viviendas establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ensenada”, mencionó Paula Pérez, residente.

Agregó que la autorización del fraccionamiento no toma en consideración estudios de impacto urbano e impacto vial, no tiene una evaluación de impacto ambiental ni estudios de factibilidades de servicios públicos.

“Exigimos una respuesta por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, en donde se nos demuestre cómo planean garantizar –antes de seguir construyendo- el abasto de los servicios como el agua, vialidades adecuadas, seguridad, y garantía de protección al medio ambiente”, dijo Pablo Álvarez, vecino de la zona.