La propuesta de incremento del 23% a la tarifa del agua es ilegal de origen, ya que no cumple con las formalidades de aprobación por parte del Consejo de Administración de la paraestatal Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), afirmó Jorge Eduardo Cortés Ríos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
El dirigente señaló que el pasado jueves 30 de noviembre se llevó a cabo la reunión del Consejo de Administración en la que la Cespe en el que participan los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Canacintra en calidad de consejeros en representación de la iniciativa privada.
Ahí les fueron presentados dos escenarios para el incremento de las tarifas: uno de hasta el 99% para las tarifas domésticas de acuerdo con las escalas establecidas de consumo y otra del 23% universal para tomas domiciliarias, comerciales e industriales.
Ambas opciones de tarifas fueron rechazadas por los representantes de la Canaco y la Canacintra por considerar que la Cespe no ha hecho lo suficiente para eficientar sus procesos y operación, bajar costos y reducir la nómina y salarios.
No obstante, señaló, la propuesta del 23% de incremento general –doméstica y comercial- fue aprobada por la mayoría integrada por 3 consejeros del estado, 1 del ayuntamiento y 1 ciudadano que en total suman 5 y los votos en contra de Canaco y Canacintra.
Hasta ese punto solamente se trató de un mayoriteo oficial; explicó Cortés Ríos, sin embargo, la ilegalidad radica en la presentación de una tercera propuesta que unilateralmente se sacó de la manga el Gobierno del Estado, para presentarla al Congreso del Estado y que nada tiene que ver con lo aprobado por el Consejo de la Cespe.
En esa tercera propuesta ilegal, ya en manos de los diputados, se propone aumentar el precio del agua en 23% solamente para la tarifa comercial e industrial sin tocar para nada la doméstica en ninguna de sus escalas o niveles de consumo, advirtió Cortés Ríos.
Con ello, dijo, se refleja una actitud revanchista en contra de la iniciativa privada por no seguirles el juego y, por otra parte, se dejan ver intenciones políticas frente a los procesos electorales que se avecinan durante este 2018, es decir, no quieren quedar mal con los electores a costa de restarle viabilidad financiera a la paraestatal.
Lo que Canaco y Canacintra dejaron claro en la reunión de Consejo de la Cespe, es que no se aceptan los incrementos a las tarifas domésticas y comerciales, mientras no estén debidamente justificados y la paraestatal no explique qué está haciendo para mejorar su eficiencia y productividad.
“Ahora resulta que el gobierno está tratando de hacer ver a los representantes de la iniciativa privada como “los villanos de la película” por no aprobar tarifas a modo.
El llamado es a los diputados, en particular a: Rocío López Gorosave, Claudia Agatón y Alejandro Arregui, de Ensenada, para que no aprueben el incremento a las tarifas, porque no están debidamente justificadas y la propuesta que les hicieron llegar no es la que aprobó el Consejo de Administración con el voto en contra de los consejeros de la iniciativa privada y por lo tanto es ilegal.
Integran el Consejo de Administración de la Cespe:
1.-Gobernador del Estado.
2.-Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
3.-Secretario de Planeación y Finanzas.
4.-Representante ciudadano.
5.- Dos Representantes de la Iniciativa Privada: (Canacintra y Canaco)
6.-Presidente Municipal o su representante.
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