Ante la posibilidad de un riesgo en el sector pesquero al implementarse una política ambiental mediante el decreto de áreas naturales protegidas integrantes de Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) emitieron un posicionamiento para respaldar a la industria.
En un comunicado este martes, los empresario informaron que hasta el momento no han sido justificadas de manera científica ni se ha consultado a todos los sectores afectados antes de ser emitidos, como lo requieren nuestras leyes.
Dos ejemplos de están establecidos en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, primero en su Artículo 4; donde las Cámaras y sus Confederaciones representan, promueven y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza.
Son órganos de consulta y colaboración del Estado.
Por esto, el gobierno deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan. Y también se expresa en el artículo 7 de esta misma ley, donde dice I. Representar, promover y defender los intereses generales del comercio, los servicios, el turismo o de la industria según corresponda, como actividades generales de la economía nacional anteponiendo el interés público sobre el privado; II.
De emitirse más decretos de esta índole sobre los litorales de la península de Baja California, tanto en la costa del Pacífico, como en el Golfo de California, se pondría en riesgo una parte importante de la economía de estos dos estados.
No solo pararían barcos y pangas, sino que también se afecta a otros sectores que participan en la transformación de estos peces a alimentos, entre ellos están los transportes que llevan el pescado fresco de la playa o el muelle a las plantas que lo procesan, empleando a miles de personas, consumiendo productos de limpieza, y diversos materiales de empaque, como bolsas, latas y caja de cartón, también serían afectados las empresas que se dedican a la fabricación de las artes de pesca, jabas y tinas para el manejo de los productos, las que proveen a la industria de la maquinaría necesaria para procesar los pescados, y que mencionar de los incontables talleres que se dedican a mantener esos barcos y plantas trabajando, como lo son mecánicos, eléctricos, electrónicos y de soldadura por mencionar algunos.
Cabe mencionar que las pesquerías legales tienen planes de manejo para su protección y su conservación, como lo son las tallas mínimas de captura, cuotas y vedas y las especies son amenazadas por la pesca ilegal la cual tiene que ser más severamente combatida por nuestras autoridades.
México asumió la responsabilidad internacional de conservar el 10% de sus mares en las metas de Aichi y actualmente ya supera el 22%, por lo anteriormente expuesto, nos pronunciamos a favor del futuro y bienestar de las familias que viven de la pesca en nuestro país, y la aportación que tienen a nuestra economía, por lo que solicitamos que no se decreten más áreas naturales protegidas sin antes no hacer una revisión de las ya declaradas con todos los sectores involucrados (industriales, ribereños y científicos) y determinar sus verdaderos efectos.