El 28 de junio la menor tuvo un viaje escolar a un parque de diversiones en Tijuana, y con un escrito de responsabilidad los profesores entregaron a la niña con sus abuelos en esa ciudad.

Fue así como inició el periodo vacacional, como ordena la resolución de un juez del Juzgado Segundo de lo Familiar, en el expediente 94-2017, en un convenio modificatorio, condicionan a ambos padres a seguir las reglas en beneficio de la hija.

“Tenía una sospecha de que no me la iba a entregar, porque en ese tiempo no me dejó hablar con ella ni hacer videollamadas”, mencionó.

La niña debió estar de regreso en su casa el 29 de Julio.

En su desesperación por recuperar a su hija, Reyna viajó ese mismo domingo a Tijuana, y encontró a la niña en casa de una familiar del padre.

Ella ingresó para sacar a la menor sin embargo se generó un conato con la familia. La corrieron y tuvo que regresar a Ensenada.

Con la documentación en mano, Reyna se dirigió al Ministerio Público creyendo que podría encontrar apoyo pero le dijeron que en la Procuraduría de Zona Ensenada, y su abogado, podrían hacer algo por ella.

En el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP), y bajo el número 0201-2018-02429 interpuso una denuncia por Sustracción de Menores Cometido en Agravio de su hija. Al sujeto lo citaron para el viernes a las 12:30 horas, sin embargo no se presentó.

La fiscalía se comprometió a iniciar una investigación a fin de regresarle a Reyna a su hija sana y salva.

La pequeña cursa el tercer año de preescolar en un colegio privado de la ciudad, su círculo de amistad gira alrededor de familia, amigos de la madre y de la misma escuela.

El próximo 21 de agosto tendría que estar de nuevo en su salón de clases.

Desde que iniciaron la relación sentimental, él ha denunciado a la madre por la vía penal y civil por distintos motivos que según los documentos no han procedido.

El juez de lo familiar otorgó la custodia de la menor a Reyna Najera y el padre está obligado a pagar una pensión alimenticia además de hacerse cargo de los gastos escolares.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el Ministerio Público es el responsable de dictar medidas precautorias para salvaguardar su integridad y, en su caso, emitirá la Alerta Amber.

El Convenio de la Haya, los Códigos Penales de las entidades federativas tipifican como delitos la sustracción y la retención u ocultamiento de niñas, niños y adolescentes.

También la sustracción, retención u ocultamiento ilícito a la separación unilateral e injustificada de una niña, niño o adolescente de la persona que legalmente tenga su guarda y custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual.

En la Ciudad de México, para estos actos las penas pueden ser de 1 hasta 15 años de prisión.