Juan Manuel Hernández Niebla agregó que por falta de capacidad, de enero a julio del 2018, la Policía Municipal no atendió 8 mil 800 llamadas de auxilio.

Durante una reunión el pasado lunes con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), que encabeza Jorge Eduardo Cortez Rios, se sorprendió la diferencia con Tijuana donde la cifra de llamadas no atendidas fue de 967 de enero a julio de este año.

Los empresarios coincidieron en que es imposible que Baja California dé el salto a la instalación del sistema C5 cuando ni siquiera han podido sacar adelante el C4. Por distintos motivos, entre ellos, que no hay la suficiente fuerza policiaca.

Niebla habló del C5 como un proyecto del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, lleno de irregularidades.

Explicó que faltó transparencia en la licitación a la cual hubo invitación para la sociedad civil como lo estipula el dictamen emitido por el Congreso del Estado, no hay precios unitarios y los que hay están “inflados”.

Investigando, encontraron que la empresa ganadora de la licitación cotizó en 6.5 mdp un arco lector de placas, pero entre los empresarios cotizaron uno de mejor calidad con inteligencia artificial en 1.5 mdp.

Pero también hablaron de las cámaras de videovigilancia que son de apenas 1.5 megapixeles con un costo de hasta 300 mil pesos.

Agregó que solo una empresa concursó para ganar el proyecto millonario, que no se trata de tecnología de vanguardia sino de segunda generación, es decir, el equipo es obsoleto y dentro de diez años será chatarra.

“Me puedo aventar otra media hora hablando de las irregularidades”, sonrió el dirigente.

En el caso de Ensenada, el C5 contempla instalar un arco lector de placas, 750 botones de pánico y sistema de vigilancia con cuatro cámaras cada una.

Los arcos lectores de placas son una OCR que ocupa el 92% de visibilidad para que la reconozca, y si la lámina tiene un raspón o está doblada no la podrá detectar.

“De qué nos sirve un arco lector de placas si ocho de cada diez delitos se comenten automóviles chocolate”, criticó Faisal Diaz Nassif, presidente en Ensenada del CCSPBC.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) pretende suspender del proyecto e interpuso un amparo el 6 de septiembre y la primera audiencia el 9 de noviembre.

Aclaró que el Gobierno del Estado no ha respondido es probable que se tendrá que diferir. En la segunda parte del amparo sustentarán el resto de las irregularidades que no plasmaron en el primer recurso.

Lo más delicado, dijo, es que las instalaciones del C5 estarán listas en el 2019 cuando ya no sea responsabilidad de este gobierno sino del entrante.

En octubre dieron un adelanto de 19 mdp, y en enero darán otros millones más.