Al inicio del segmento dedicado a iniciativas presentadas, el presidente del Congreso, Carlos Torres Torres, anunció al Pleno de la Asamblea la recepción del documento signado por el gobernador Francisco de Lamadrid y el secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez, que contiene la intención de reformar los artículos 18, 22,27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80,93, 94 y 110 de la Carta Magna de Baja California.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo explica que su propuesta ha sido adoptada por ciertas Entidades Federativas y que el modelo más parecido es el que funciona en el Estado de México, el cual, a su vez, fue replicado en base a la reforma del 10 de febrero de 2014 que se hizo a la Constitución Política Federal, con lo que la Procuraduría General de la República se transformó en la Fiscalía General de la República.

Con esto se busca unirse a la tendencia nacional en el sentido de crear una Fiscalía autónoma en el Estado, sin dependencia a ningún poder público constituido, con lo que se espera garantizar la debida representación y defensa de los intereses de la sociedad, a través del Ministerio Público.

En la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por Fiscalía General del Estado, se contempla la figura del Fiscal General, quien durará nueve años en el cargo, con la finalidad de evitar que se sujete a determinaciones políticas y así, dar fortaleza a su independencia institucional y autonomía, ya que tendría una gestión transexenal.

En la reforma se establece que el actual titular de la PGJE, no podrá convertirse automáticamente en el primer fiscal, aunque deberá permanecer en el cargo hasta que el Congreso del Estado efectúe la designación del Fiscal General del Estado, con la finalidad de evitar dejar acéfala la institución, en detrimento de las funciones legales de procuración de justicia en la Entidad.

En los transitorios se prevé la creación de un Comité Intersecretarial integrado por el secretario general de gobierno, quien lo presidirá, el oficial mayor de gobierno, el secretario de Planeación y Finanzas y el Fiscal General, con el objeto de planificar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a todas aquellas labores que sean necesarias para la transición de la PGJE.

La iniciativa del gobernador fue envida a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para su análisis y posterior dictaminación, en su caso.