En un comunicado, la diputada federal informó que desde hace más de cinco meses, grupos de manifestantes se apoderaron de las diversas casetas de peaje carretero de Baja California con la supuesta intención de recabar fondos para ayudar a las personas vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, y otros, siendo esto una afectación grave para quienes transitan y viven en las ciudades aledañas.

Mencionó que actualmente, ninguna autoridad interfiere para que esas personas se retiren, a pesar de estar obstaculizando las vías de comunicación, y dejando sin seguro a los automovilistas, donde además impiden que el estado mexicano en unos casos, y en empresas privadas en otros, cobren el peaje para el mantenimiento adecuado de las carreteras.

Mata Lozano comentó que en consecuencia, el pasado mes de abril, empresarios y comerciantes sobre todo de la región de Ensenada que se han visto afectados directamente por esta situación, ya ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República; por su parte, el Ayuntamiento de Ensenada ya presentó un exhorto a la Federación para que intervenga en la situación.

Sin embargo, hasta el momento no se han tomado acciones para liberar las casetas de los manifestantes y generado que el sector empresarial se vea afectado por la constante toma de casetas en el estado, en un movimiento que ha atraído a varios grupos que se aprovechan de esta situación.

La diputada federal detalló que el pasado primero de abril, en la caseta de cobro ubicada de San Miguel, dentro del Municipio de Ensenada, se generaron actos de violencia entre distintos grupos de civiles, derivado de esta problemática, en dicho acto tuvieron que intervenir agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Para finalizar la representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara Legislativa comentó que en el punto de acuerdo se propone, exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que realicen las acciones necesarias a efecto de liberar de manifestantes las plazas de cobro de las carreteras concesionadas en el Estado de Baja California.