Asimismo, para solicitar al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que informe sobre el avance obtenido en la aplicación de su Acuerdo del 30 de abril del 2020, para en su caso y en su momento, con las medidas de protección a la salud, se emitan las sentencias definitivas e interlocutorias pendientes, con el objetivo de avanzar en la impartición de justicia de los ciudadanos de Baja California, como lo está haciendo actualmente el Poder Judicial de la Federación.

Por último, mediante el exhorto planteado por Molina García, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura, se pide al Poder Judicial del Estado que, por conducto de su Presidente, informe de todas las medidas aplicadas en los Órganos Jurisdiccionales que estén operando, tendientes a la protección de la salud de sus funcionarios y, sobre todo, de aquellos que por sus características, sean de los grupos de riesgo señalados por la autoridad de Salud, así como de los justiciables y de los abogados postulantes.

En su exposición de motivos, el legislador dio a conocer que el 30 de abril del presente año, el Consejo de la Judicatura del Estado emitió un Acuerdo donde “simplemente extendió el plazo de cierre de sus instalaciones hasta el 30 de mayo del 2020, pero no aportó estrategias precisas ni medidas para, en su caso, escalonadamente y con protección de la salud de sus servidores públicos, se lograría ir avanzando en la administración de justicia, al igual que la Autoridad Judicial Federal”.

Lo anterior, dejando de tomar en cuenta que existe el derecho de los justiciables a que se les imparta justicia y del gremio de abogados litigantes a desempeñar sus labores.

Agregó que el pasado 30 de marzo, se llevó a cabo una sesión plenaria del Consejo de Salubridad General (CSG), encabezada por el presidente de la República, en donde se reconoció como emergencia sanitaria la epidemia generada por el virus Covid-19 y se acordaron medidas extraordinarias en todo el territorio nacional, entre las que destaca la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.

Indicó, por último, que en dicho Acuerdo se ordena la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, pero donde también se determina que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales”.