La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California (PDH) montó guardia en La Bufadora para evitar que se violenten los derechos de los involucrados en el desalojo de la zona turística.
Heriberto López López, subprocurador en Ensenada, informó que un grupo de tres visitadores adjuntos permanecerá al tanto del operativo que se lleve a cabo para el despido de las familias que integran el centro comercial.
Ante la posibilidad de que durante el desahucio haya personas lesionadas, ya que el documento del juzgado séptimo faculta a las autoridad municipal a usar la fuerza pública para concretar la orden, López López comentó que certificarán cada una de las acciones.
Desde las 10:00 horas los empleados de la PDH llegaron al lugar y se mantuvieron en La Bufadora hasta que uno de los abogados dio a conocer que de nuevo se extendió una prórroga para el desalojo.
Todo indica que será hasta el lunes 22 de septiembre cuando la autoridad municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), lleve a cabo la acción, en la que se pretende que el Ejido Coronel Esteban Cantú se quede con las tierras que colindan con el fenómeno natural.