La mañana de este lunes el jurídico del ayuntamiento, Oscar Hernán de la Peña Ojeda y el director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Villarreal Montemayor, encabezaron el contingente de 200 elementos de seguridad para ejecutar la orden del juez séptimo de distrito, que los faculta a usar la fuerza pública para desalojar a los vendedores.

De la Peña Ojeda dijo que la acción legal no se concretó porque era evidente que si los oficiales avanzaban hacia la zona en disputa “iban a derramar sangre” de gente que considera inocente, pero que a su vez, esas personas estaban dispuestas a todo para no dejar entrar a la autoridad.

Sobre quién llevará a cabo el desalojo, el funcionario municipal comentó que será el juez quien lo valore.

“Le vamos a mostrar la evidencia de que intentamos ejecutar la sentencia y que no fue posible por razones que ustedes acaban de percibir y el juez verá si hay la necesidad de invitar a otras corporaciones”, detalló.

El intento de desalojo se documentó a través del personal de comunicación social del ayuntamiento quienes captaron las imágenes del enfrentamiento mismas que el jurídico entregará a los juzgados.

Recordó que desde el 5 de diciembre, el cabildo tenía tres días en la administración cuando recibieron la orden del juez, y que éste es un problema heredado de la anterior administración.

Por su parte Villarreal Montemayor, dijo que mientras haya “chiquitos” y mujeres es complicado cumplir con la orden por lo que consultarán con otras instancias de gobierno las posibles soluciones.

Aunque han tratado de convencer al Ejido Coronel Esteban Cantú para que llegue a un arreglo con los vendedores o que venda al ayuntamiento, la negociaciones no han tenido éxito.