El tema surge por la polémica posesión de un jaguar en un establecimiento comercial ubicado en La Bufadora, hecho denunciado el año pasado y sobre el que autoridades federales dijeron haber ejecutado un decomiso.

Distintas personas movilizadas en redes sociales publicaron en sus espacios que el animal en cuestión permanecía en posesión de los comerciantes, desmintiendo con eso lo dicho por Carlos Gustavo Almaraz Montaño, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Baja California.

Por un momento la discusión se centró en la legalidad de la posesión y por eso planteamos este sondeo, para conocer la opinión de nuestros usuarios porque como resulta en muchas ocasiones, lo legal no necesariamente tiene fundamento ético.

Todos conocemos sobre las prácticas de corrupción que son regulares en nuestro país, por más discursos que escuchemos sobre la cultura de la legalidad que en teoría rige todos los órdenes y niveles de gobierno. Escuchamos los discursos pero… ¿alguien los cree?

Particularmente sobre los jaguares, el INEGI (también Gobierno Federal) publica lo siguiente en un sitio de divulgación: “En la actualidad, el jaguar se encuentra en peligro de extinción, es decir, el número de ejemplares ha disminuido de manera drástica con el riesgo de que desaparezca por completo de la Tierra, por ello está prohibida la caza, captura, transporte, posesión y comercio del jaguar, o de productos y subproductos de esta especie en todo el territorio nacional.”

¿Cómo puede entonces existir un permiso para contar con un ejemplar de esta especie?

Estamos a unos cuantos meses de acudir a las urnas para elegir legisladores federales. Ojalá que alguno de los candidatos tome el tema como bandera y promueva leyes más estrictas que castiguen ambos lados de este acto: al que otorga un permiso y a quien lo esgrime como escudo para mantener un beneficio comercial.