Durante la semana pasada, profesores de educación básica decidieron realizar lo que llamaron “paros escalonados” como una forma de presionar a las autoridades, en busca del cumplimiento de adeudos laborales. Esta intermitencia en las actividades generó un problema que inevitablemente se trasladó a los padres de familia.

El derecho a la expresión y a la manifestación es fundamental, sin embargo, la decisión tomada por los sindicatos afecta al gremio de los profesores en su totalidad.

La cuestión de si los reclamos son justos o no finalmente es un asunto de legalidad, el problema paralelo es que al no contar con una vía de comunicación oficial, similar a la que tiene el Sistema Educativo, la suspensión de labores coloca una etiqueta a todos los profesores, independientemente de su filiación sindical.

Los anuncios de suspensión carecieron de especificaciones claras sobre las dinámicas de los paros, las escuelas afectadas, días, turnos, etcétera. Demasiados cabos sueltos.

La opinión pública tiene una idea muy clara sobre la ineficiencia del gobierno. No hay en este país uno solo que tenga buenas calificaciones.

Al emprender acciones para llamar la atención, los líderes sindicales colocan a los educadores una etiqueta que no todos merecen y finalmente es todo el gremio el que pierde puntos ante el resto de los ciudadanos.

Cuando requieren el apoyo de la comunidad, no es extraño que de entrada se les recuerde como trabajadores que a la menor provocación dejan el trabajo, aunque esto haya tenido una justificación al menos en la lógica sindical.

Sería importante que al emprender este tipo de protestas, los dirigentes colocaran en la balanza lo que pretenden ganar a costa de la fama pública que fraguan con sus acciones y por la que tarde o temprano tendrán que pagar la factura social correspondiente.