El inicialista de la Ley que desapareció la Procuraduría de Derechos Humanos para transformarla y modernizarla en una Comisión, diputado Gustavo Sánchez Vásquez, destacó que la nueva ombudsperson contará con mayores facultades que le permitirán defender las garantías individuales de los residentes de la entidad.

Resaltó también que desde un principio se buscó que el nombramiento no tuviera tintes partidistas y con la designación de Olvera Rodríguez se ha logrado pues cuenta con amplia experiencia en el área de los Derechos Humanos.

“Siempre señalé que el objetivo es que nunca más el cargo de titular de Derechos Humanos sea rehén o parte de un botín político”, dijo Sánchez Vásquez.

Además destacó la extraordinaria participación del resto de los aspirantes a la CEDH y la aportación que cada uno de ellos, desde sus respectivas trincheras, hacen y continúan realizando por el bien común de nuestro estado.

Melba Adriana Olvera Rodríguez es originaria de la Ciudad de México y reside en Tijuana, egresada de la carrera de Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Se ha desempeñado laboralmente en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el Sistema DIF Nacional y en últimas fechas como Directora general de Atención a la Discapacidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Presenta Ley que regula la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Con el objetivo de brindar las herramientas de trabajo adecuadas a la recién creada Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el diputado Gustavo Sánchez Vásquez presentó ante el pleno la Ley correspondiente que regula dicho organismo.

Con este nuevo ordenamiento legal se pretende que la Comisión Estatal no sólo actuará asegurando lo derechos humanos, sino ahora su función será proteger, observar, promocionar, estudiar y divulgar los Derechos Humanos.

El legislador local precisó que en materia de presentación de quejas, se amplían las vías y las formas en que los ciudadanos podrán presentarlas, previendo su realización en forma oral o hasta por medios de comunicación electrónica y telefónica.

“Otra de las novedades y que también forma parte de la reforma Constitucional que creó la CEDH, es que cuando se emita una recomendación y el funcionario se niegue a acatarla sin fundamentos, podrá hacerse acreedor a una denuncia penal”, puntualizó el congresista.