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Notarios esperan Amparo contra Ley de Notariado

Impulsada por el Congreso y publicada por el Gobernador

Nota publicada el 8 de octubre de 2015
por Colaboración

Al acercarse la fecha en la que el Juez Quinto de Distrito resuelva el amparo promovido por el Colegio de Notarios de Baja California contra el Gobierno del Estado, -su Presidente, Diego Monsiváis Franco-, se mostró optimista de que a final de cuentas imperará la justicia.

Como se recordará, el pasado 8 de julio, el Colegio de Notarios de la entidad resolvió interponer una demanda de amparo ante las pretendidas reformas a la Ley del Notariado de Baja California y otros ordenamientos, promovidas desde el Congreso del Estado y promulgadas por el Gobernador del Estado.

Al considerar que dichas disposiciones violan los derechos humanos de los integrantes del gremio, amén de sus garantías individuales, el pleno del Colegio de Notarios bajacaliforniano tomó la determinación de acudir al amparo de la justicia federal, demanda que quedó asentada en el Juzgado Quinto de Distrito, con residencia en Mexicali.

El Juez ha fijado el próximo jueves 22 como fecha para celebrar la Audiencia Constitucional del caso; una vez cumplido con esta fase del proceso, el impartidor estará en condiciones de resolver en definitiva conforme a Derecho.

En su demanda, los fedatarios bajacalifornianos sostienen, entre otras cosas, que la función notarial constituye una insustituible y permanente profilaxis jurídica que previene conflictos, por lo que dicha función es un filtro de la legalidad que resulta indispensable para la seguridad jurídica de los usuarios de servicios de fe pública.

También argumentan que el sistema de fedación pública en nuestro país se ejerce a través de los órganos del Estado, o bien, a través de notarios públicos, y que para el caso específico de la función notarial en el Estado de Baja California, en la ley se establecen expresamente cuáles son las facultades de los notarios públicos, y asimismo las condiciones y requerimientos que se deben cumplir para efectos de ejercer como Notario Público, ya sea titular, aspirante o como adscrito a una notaría pública.

En su demanda de garantías, los notarios denuncian que no obstante lo anterior, el 29 de mayo pasado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el Decreto número 282 mediante el cual se reformaron entre otras disposiciones legales, la Ley del Notariado para el Estado de Baja California y que dentro de las modificaciones que fueron introducidas se encuentran diversas atribuciones –sin limitación alguna- a favor del Gobernador del Estado de Baja California que de suyo resultan inconstitucionales, al permitírsele otorgar de manera “directa” la patente de notario titular a cualquier persona que designe, sin sujetarse a ningún tipo de motivación legal que justifique la decisión, siendo que de igual forma, se adiciona una nueva disposición legal que restringe el ejercicio de la función notarial a una vigencia temporal, entre otras cuestiones, que violenta el derecho de libertad de trabajo.

Para Monsiváis Franco, las disposiciones cuya inconstitucionalidad se reclama violan flagrantemente los derechos humanos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica e imparcialidad consignados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 5º, párrafos primero y segundo de nuestra Carta Magna.

El fedatario criticó que el Congreso del Estado haya resuelto modificar la Ley del Notariado de Baja California sin consultar a quienes la aplican, de espaldas a la sociedad, y en un acto de rotundo desconocimiento del Estado de Derecho que debe imperar al legislar una medida tan transcendente para la vida de la comunidad.

“Nosotros jamás nos hemos opuesto a que se reforme el ordenamiento; como abogados, sabemos que el marco jurídico imperante es siempre dinámico, y debe ser actualizado, pero siempre en beneficio de los ciudadanos, no de un grupo de poder. Debo decir que hemos sido escrupulosos en su respeto y cumplimiento y no vemos fundamento serio alguno para que esta Ley siga en vigor”, argumentó Monsiváis Franco. “Un buen indicio para nosotros reside en el hecho de que el juzgador federal, admitió enseguida la demanda de amparo”, -pese a la novedad del interés legítimo- por lo que no tenemos ninguna duda en que esta promoción nuestra será resuelta conforme a Derecho, no en beneficio de los 57 notarios que ejercen en Baja California, sino en bien de la transparencia a la que tienen indudable derecho los bajacalifornianos”.

Los notarios de Baja California confían en que el Juez de Distrito resuelva la inconstitucionalidad del acto así como la flagrante violación de derechos humanos fundamentales, inicializado en el Congreso Local y, su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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