Este lunes durante el Foro Ensenada, el Recaudador de Rentas del XXI ayuntamiento, Rubén Best Velasco y el Director de Planeación y Gestión Financiera, Germán Morales Martínez, hablaron del juicio en el que está inmersa la empresa, la cual desarrolló una subpoblación dentro de la isla para la operar la planta.

El recaudador informó anteriormente que los cobros se basan en el artículo 22 de la Ley de Ingresos 2014, en la fracción Sexta se habla sobre el uso de suelo, señala que la superficie para carga y descarga, así como depósitos mayores para almacenaje o acopio de sal mineral, arena, grava y otros materiales en general, están obligados a pagar. A las empresas que tengan más de 10 mil metros cúbicos en adelante se les cobrará .25 veces el salario mínimo por tonelada al año.

Según datos oficiales en la Secretaría de Economía (SE), la empresa anualmente almacena 6.3 millones de toneladas métricas de sal que según la tabla, se tendría que están obligados por esa cantidad.

Los motivos que el ayuntamiento supone que la empresa podría negarse a pagar impuestos sería conociendo el decreto de creación y las condiciones en particular pero además si jurídicamente están obligados. Este derecho nace de Control Urbano.

Inhabilita la SFP a Ex Director

Jorge Humberto López Portillo Basave, desde el 11 de julio de 2013 y hasta el 26 de diciembre de 2014, fue el Director General de Exportadora de Sal, S. A. de C. V.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitó a quien desde 11 de julio de 2013 y hasta el 26 de diciembre de 2014, fue el Director General de Exportadora de Sal, S. A. de C. V., Jorge Humberto López Portillo Basave, por haber dado un anticipo para la compra de una barcaza por más de 92 millones de pesos, sin contar con la autorización del Consejo de Administración de dicha empresa paraestatal.

Previo desahogo de la garantía de audiencia de ley, así como de la valoración de las pruebas ofrecidas y de las allegadas a los expedientes, se emitió la resolución que impone al Ex Director General las sanciones de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por diez años, así como la económica equivalente a 1.5 veces el daño causado.