Cada trabajador demanda alrededor de 170 mil pesos, que incluye la nivelación de sueldos, bonos, prestaciones que no se ejecutan y un retroactivo además se pide una revisión a supuestas violaciones a derechos humanos, con base a lo publicado en el Protocolo de San Salvador, en la corte Interamericana de los Derechos Humanos a la que México se encuentra adherido.

Mariano Cordero Burciaga, abogado que lleva el caso desde el estado de Chihuahua, dijo que a nivel nacional son mil 200 demandas en diez estados de las cuales 62 corresponden a personal en Baja California.

“Se violenta los derechos de los trabajadores, no solo económicamente sino en su persona, de manera emocional, en su libre desarrollo. Es decir, se viola la Constitución”, aseguró el licenciado en Derecho quien advierte que el personal de correos trabaja en malas condiciones.

Las primeras demandas se interpusieron en septiembre 2015 en el estado de Chihuahua, después se sumaron Hermosillo, Jalisco, Chiapas, y el pasado 10 de abril en la Ciudad de México, se liquidaron diez querellas por un monto de 176 mil pesos por caso.

Comentó que los empleados de correos laboran en circunstancias en las que no pueden lograr las metas de trabajo y con ello no les integran las prestaciones a las que tienen derecho. Algunos solo cobran el salario base.

“Correos de México se han venido desmantelando, lo han ido transformando, han puesto como un patrón a alguien que explota a sus trabajadores y no les brinda las prestaciones a las que tienen derecho”, indicó.

Los representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) están deslindados del proceso jurídico porque consideran que el Gobierno Federal no está obligado a homologar los sueldos. El pasado miércoles 18 de mayo compareció por primera ocasión el Sindicato.