La pareja de esposos se separó hace siete años, pero desde hace tres la madre sacó a sus dos hijas de esa escuela porque no iban al corriente en colegiaturas, materiales, entre otros requisitos.

“Mis hijas lloraban, no querían ir a la escuela, les hacían burla los maestros porque siempre las sacaban del salón para cobrarles o no les permitían hacer los exámenes”, relató Celia, la madre.

Explicó que el fraile de la escuela le advirtió en varias ocasiones que como el padre era el que inscribió a las estudiantes ella no podía reclamar los papeles para cambiarlas a una escuela pública.

Pasó un tiempo y pidió ayuda a una empleada del colegio quien le dijo que ninguna institución podía retener documentación y en el 2013 sacó primero a la hija de nivel primaria, quien ahora cursa en la Técnica 20 y después a la de secundaria que asiste al Cecyte.

El pasado jueves licenciados de la barra Ayala y Asociados, llegaron al domicilio en Villas del Sol 1 calle Monte Aragón número 147, con una supuesta orden de desalojo.

En ese instante la menor de trece años estaba en la casa y cuando los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), abogados y gente del Infonavit, llamaron a la puerta no le quedó más que abrir, por su edad no pudieron darle explicaciones solo la sacaron junto a las pertenencias y pidieron que llamara a los padres.

La madre e hija aseguran que en ningún momento les presentaron papeles o les entregaron copias para avalar el desalojo, y que al contrario la abogada responsable advirtió que llamaría al DIF para denunciar que la adolescente de 13 años estaba sola.

“Yo soy madre soltera y en ese momento fui al dentista con mi otra hija, aquí traigo los documentos médicos del doctor donde compruebo dónde estaba en ese momento. Encima de cómo me sentía me dice que me van a quitar a mi hija”, narró preocupada.

Consideró que se trata de un abuso porque en tres años y medio nadie le notificó con anticipación que tendría que dejar la casa por un adeudo, incluso los pagos con Infonavit están al corriente.

“Si hubiera sabido del caso yo pago ese dinero pues es el único patrimonio de mis hijas. Me dedico a vender tamales y Avón, saco adelante a mi familia. Mi esposo y yo nos separamos pero cada semana me da para alimento de las dos”, respondió la mujer quien en este momento fue acogida por una familia de religión cristiana.

Ensenada Net consultó al personal administrativo del colegio quienes se desentendieron del problema, ya que el caso ellos lo remitieron a un bufete de abogados. Además, “esto es un negocio”, dijo una de las empleadas.