Marco Coronado Valenzuela, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), en conjunto con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Coparmex, leyó once puntos que echan por tierra las últimas declaraciones del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid sobre la violencia en el estado.

“Ya basta de reducir todo a una guerra entre grupos de narcotraficantes por el control de la plaza que no afecta al ciudadano común. Ya basta de decir que se están matando entre delincuentes y que los bajacalifornianos vivimos tranquilos en nuestras ciudades. Ya basta de echarse culpas unos a otros y como coloquialmente se dice, pasarse la bolita”.

Entre otras cosas, también criticaron el nuevo sistema de procuración de justicia y procesos penales.

“La policía detiene delincuentes y a los pocos días están de nuevo en la calle. El Poder Judicial en el Estado, debe redoblar esfuerzos para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con una estrategia que permita superar el gran retraso que tenemos en esta materia, y que brinde confianza a la ciudadanía”.

Se cuestionan sobre la poca presencia de las fuerzas federales y mencionan la importancia de desahogar iniciativas de reforma como Ley de Seguridad Nacional, Código Penal Federal, Ley Federal de Armas de Fuego así como Explosivos, las reformas y adiciones a la Constitución.

“Hacemos responsable al Congreso de la Unión del incremento en los índices delictivos, reflejado en casi todas las entidades del país durante los últimos meses. No es posible que estando inmersos en esta situación de emergencia nacional, las iniciativas en materia de seguridad que fueron presentadas desde el pasado mes de noviembre sigan estando en sala de espera”.

Además en el quinto punto colaron un agradecimiento que termina en reclamo.

“Hemos estado en comunicación con el gobernador y con las alcaldesas y alcaldes de los distintos municipios; reconocemos el esfuerzo y reiteramos nuestro respaldo, pero es evidente que no ha bastado y algo está fallando en la cadena de mando. Es inocultable que hay un engranaje que no gira adecuadamente entre el área preventiva y la procuración de justicia”.

Exhortan a la sociedad a utilizar responsablemente el número de Emergencia 911 y Denuncia Anónima 089.

La Carta:

1. Ya basta de reducirlo todo a una guerra entre grupos de narcotraficantes por el control de la plaza que no afecta al ciudadano común. Ya basta de decir que se están matando entre delincuentes y que los bajacalifornianos vivimos tranquilos en nuestras ciudades. Eso es falso y no aceptamos el que se siga redundando una y otra vez en esa explicación que ya no es válida. El ciudadano común está padeciendo en serio esta ola delincuencial. Lo que vivimos, va más allá del narcotráfico. Vemos un incremento en asaltos a comercios y transeúntes, robo a casa habitación, robo de vehículo, extorsiones. Está claro que en el país, el crimen organizado desarrolla otro tipo de actividades delictivas que van más allá del comercio de drogas y que afectan severamente a la ciudadanía, al turismo las inversiones. Ya basta de echarse culpas unos a otros y como coloquialmente se dice, “pasarse la bolita”.

2. Es un hecho que estamos siendo golpeados por un conflicto entre grupos del crimen organizado, entonces: ¿En dónde están las fuerzas federales?, ¿Qué están haciendo?, ¿Hay seguimiento a una estrategia específica con plazos, medición y evaluación de resultados?, ¿Se está desarrollando una labor de inteligencia para desarticular desde la raíz esta guerra de cárteles o simplemente se actúa sobre la marcha? Nosotros nos pronunciamos a favor de un mando único y coordinado por parte del Ejército, que asuma el control y sea capaz de atacar la estructura del crimen organizado, algo que por cuestiones legislativas vemos atorado en este momento.

3. Hemos mantenido un diálogo frontal con los legisladores bajacalifornianos que nos representan en el Congreso de la Unión. Consideramos de fundamental importancia que nuestros diputados federales y senadores, pongan en el centro de su agenda como máxima prioridad el tema de las iniciativas de reforma a Ley de Seguridad Nacional; el Código Penal Federal; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y las reformas y adiciones a nuestra Constitución en materia de seguridad pública, específicamente en el tema del mando único y mando mixto que se trabajan actualmente en la LXIII Legislatura. No hay tiempo que perder. Este tema no puede esperar para mañana. Otros temas de la agenda nacional podrían quedarse en sala de espera pero este no. Es para hoy.

4. Hacemos responsable al Congreso de la Unión del incremento en los índices delictivos, reflejado en casi todas las entidades del país durante los últimos meses. No es posible que estando inmersos en esta situación de emergencia nacional, las iniciativas en materia de seguridad que fueron presentadas desde el pasado mes de noviembre sigan estando en sala de espera. Ya basta de estar pateando el bote. Ya basta de tortuguismo legislativo. Hacemos un llamado a la presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía; para que se dé celeridad a este tema. La seguridad no puede politizarse, ni someterse a agendas electorales.

5. Hemos estado en comunicación con el gobernador del Estado Francisco Vega de Lamadrid y con las alcaldesas y alcaldes de los distintos municipios; reconocemos el esfuerzo y reiteramos nuestro respaldo, pero es evidente que no ha bastado y algo está fallando en la cadena de mando. Es inocultable que hay un engranaje que no gira adecuadamente entre el área preventiva y la procuración de justicia. Tenemos una mano tendida, estamos aquí para apoyar, para ser propositivos, pero también demandamos y exigimos que cada orden de gobierno, cada instancia y cada corporación se entregue al máximo y en plenitud en esta tarea.

6. Sabemos que en esta lucha la palabra clave es coordinación. En las reuniones que hemos tenido, nos ha quedado claro que entre los altos mandos hay comunicación y disposición de coordinarse e intercambiar información. El problema es que dicha coordinación no tiene un reflejo operativo en los mandos medios o en quienes ejecutan las acciones. Seguimos viendo recelos, desconfianza y juego de teléfono descompuesto entre las corporaciones, sobre todo a nivel de tropa. Lo que queremos es que esa coordinación se vea reflejada en la calle y se traduzca en resultados.

7. Necesitamos más policías y más capacitados, con mejor entrenamiento y conocimiento, cuya labor coadyuve con las áreas de administración y procuración de justicia. También una depuración y evaluación constante de los encargados de brindar seguridad y justicia, Policías preventivos, agentes ministeriales, agentes ministerio público y personal penitenciario y que los elementos depurados sean sustituidos de inmediato por nuevos.

8. Vemos un foco rojo en materia de procuración de justicia y procesos penales. La policía detiene delincuentes y a los pocos días están de nuevo en la calle. El Poder Judicial en el Estado, debe redoblar esfuerzos para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con una estrategia que permita superar el gran retraso que tenemos en esta materia, y que brinde confianza a la ciudadanía. Se tiene que dar un mensaje contundente que demuestre que en verdad se combate la corrupción y la impunidad en el sistema de impartición de justicia, porque en este momento vemos que hay delincuentes que se salen con la suya. Demandamos también que los Ministerios Públicos se comprometan plenamente en la parte que les corresponde, que integren bien las averiguaciones y que le den elementos a los jueces para poder garantizar que los delincuentes se queden en la cárcel.

9. Urge un nuevo marco normativo sólido, que fortalezca la acción de los tres órdenes de gobierno y brinde certidumbre jurídica a la hora de combatir a la delincuencia. Por ello, nos pronunciamos por apurar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y la reforma a la coordinación de los cuerpos policiales. La participación de las fuerzas armadas es una realidad con la que vivimos todos los días y es indispensable que esté regulada y controlada por un marco jurídico que proteja a los ciudadanos.

10. Nos pronunciamos por ciudadanizar la seguridad pública. Recordemos que la clave del éxito en el Operativo Tijuana en 2008, fue que todos los liderazgos ciudadanos nos involucramos sin distingos ni intereses particulares en el tema. No se vale arrojar la piedra y esconder la mano. Todos los ciudadanos tenemos mucho que aportar en esta lucha. Necesitamos fortalecer la cultura de la denuncia, pero sobre todo de la prevención. Si bien por lo crítico del momento en que vivimos, es fundamental fortalecer el combate frontal a la delincuencia, no perdemos de vista que la clave está en la prevención, en ir a la semilla del problema y aquí, los ciudadanos tenemos mucho que hacer, lo mismo que las áreas asistenciales y de desarrollo social del gobierno. Necesitamos ir a las escuelas, a las colonias de más alto índice delictivo hablar de frente con los jóvenes, hacerlos conscientes del problema que vivimos. Necesitamos reforzar programas como el DARE o respaldar esfuerzos como el Club de Niños y Niñas y las organizaciones ciudadanas dedicadas a la prevención de adicciones, un grave problema que amenaza la vida de nuestra juventud el futuro de nuestro estado. No podemos exigirle al gobierno si no empezamos por nuestras casas y aquí la clave es hablar mucho con nuestros hijos, conocer a sus amigos, a sus maestros, saber con quién se relacionan e intercambian información en redes sociales, sus intereses, etc. Exhortamos también a utilizar responsablemente el número de Emergencia 911 y Denuncia Anónima 089.

11. Hacemos un llamado a que cada quien haga su parte y asumimos nuestra corresponsabilidad como líderes empresariales y ciudadanos bajacalifornianos. Entendemos que todos estamos involucrados y debemos asumir los que nos toca, pero demandamos que nuestras autoridades prediquen con el ejemplo y agarren el toro por los cuernos, de frente, con voluntad, sin medianías ni intereses políticos. Es en momentos como éste, cuando debe demostrarse la fortaleza y el carácter de un gobernante.

El documento esta firmado por el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana, Kurt Ignacio Honold Morales; con el respaldo del Presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández y del Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla; y el respaldo de organismos de la sociedad civil y del sector académico de Baja California.