En conferencia de prensa, Carlos Ahumada Arruti, presidente del Colegio de Notarios de Baja California, precisó que al ratificarse ante notario público, el contrato privado se eleva a instrumento público, otorgando certeza jurídica a las partes, pudiendo el ciudadano acceder a los beneficios fiscales.

Dijo Ahumada que los contratos privados no siempre son elaborados por abogados y que el adquiriente no tendría la certeza jurídica de que su contrato ratificado le sea útil para obtener un crédito de algún banco, de INFONAVIT o FOVISSSTE, ya que estas instituciones no aceptan como antecedente para una garantía hipotecaria este tipo de contratos.

Precisó que cuando los ciudadanos acuden ante un notario a celebrar un contrato de compraventa, “nosotros revisamos primeramente el antecedente de propiedad del que va a vender”, ya que, desafortunadamente, se han falsificado instrumentos emitidos por los propios notarios, sobre todo los poderes.

Recordó que el SAT (Sistema de Administración Tributaria), desde 2014, estableció que la única manera de que el adquiriente de una propiedad, mediante contrato de compraventa, pudiera deducir su costo de adquisición –cuando lo quisiera vender--, sería que obtuviera, por parte del notario, un documento donde se establecen los montos de la operación, el monto de los impuestos pagados, y quiénes son las partes.

Antes del 2014, la escritura que emitía el notario era la factura. Hoy, quien haya adquirido una propiedad mediante contrato privado, tendrá deducción “cero”.

Ahumada Arruti puntualizó que por otro lado, el vendedor, cuando acude ante notario, puede acreditar que lo que está vendiendo es su casa habitación “y solamente lo puede acreditar ante notario”, dijo. “Así lo marca la Ley Fiscal Federal”.

Detalló Ahumada que un contrato privado actualmente no superior a 7 mil Salarios Mínimos (que son alrededor de 500 mil pesos), ante Notario Público no pasa de 4,400 pesos de honorarios. “Ese es el tope en escritura pública”.

En cambio, el contrato privado ratificado ante Registro Público implica el pago de derechos por cada una de las firmas de las personas que intervienen en el contrato privado (que son cuatro); las partes, más los testigos. “A eso, habrá de agregarse el 35% de los derechos de inscripción del contrato”, dijo Ahumada. “En el mismo caso de 7 mil Salarios Mínimos, una persona que adquirió una propiedad en contrato privado estaría pagando alrededor de 2,500 pesos de puros derechos”.

Sea, que quien le haya elaborado el contrato privado, no tendría que haberle cobrado más de 2 mil pesos porque de ser así, ya no es atractivo para la persona acudir a un contrato privado.

El presidente del notariado bajacaliforniano fue puntual al decir que las leyes no pueden discriminar a la sociedad. “Es decir, los que van con contrato privado no tienen derechos, los que van con escritura pública, sí”.

Invitó Ahumada a los legisladores locales a aprobar la Iniciativa de Ley enviada por el Ejecutivo del Estado que determina que los contratos privados solamente podrán ser ratificados ante notario público, y así darle la categoría de una escritura pública.

Ricardo del Monte Núñez, Notario Público No. 8 de Tijuana, consideró que las escrituras públicas tienen una relación costo-beneficio que supera, de lejos, el tema de los contratos privados. “El tema de los contratos privados se ha tratado de vender como si, ratificados, no es necesaria la intervención de un notario, que es lo máximo para el interesado porque no va a tener que pagarle a un notario, dando por hecho que el notario es caro; eso es falso. No es más barato acudir al contrato privado, es más caro”.

Dijo Del Monte Núñez que los notarios no están en contra de los contratos privados. “Estamos a favor de que la gente tenga una opción para decidir y que tenga una opción de decisión consciente de las ventajas de un caso y otro”.

Concluyó que los notarios, además, garantizan su función con una fianza ante el Gobierno del Estado, ante quien responden profesionalmente, civilmente, penalmente y fiscalmente. Y agregó: “Quién va a responder por la elaboración de contratos privados que hace un escritorio público, un promotor inmobiliario, o en el mejor de los casos –ojalá--, lo hace un abogado?”.