Actualmente los funcionarios tienen obligación de presentar por ley su declaración patrimonial y una copia de su declaración fiscal precisó Secretaría General de Gobierno.

Con esta reforma, además de estos documentos deberán de presentar una declaración de intereses, para evitar casos de nepotismo, favorecimiento a parientes, amigos o conocidos y otras irregularidades de los servidores públicos que fomenten el enriquecimiento ilícito.

Esta iniciativa que entrará en vigor hasta enero del 2018, reforma diversos artículos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California; del Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal y del Reglamento de la Administración Pública.

Dentro de los artículos transitorios del dictamen se contempla que la Sindicatura Municipal continuará operando el registro de situación patrimonial de los servidores públicos municipales obligados, bajo las mismas normas que se encontraban vigentes antes de la publicación del presente decreto, hasta en tanto no entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.

Además de que la Sindicatura Municipal se sujetará a las políticas, rogramas, sistemas, manuales, instructivos y formatos que las autoridades federales y estatales en materia de responsabilidades administrativas y anticorrupción promulguen para la debida presentación de la declaración patrimonial y de intereses.

Al respecto, el regidor Jorge Camargo Villa, al razonar el sentido de su voto afirmó que al presentar esta iniciativa a Cabildo fue para estar en concordancia con las nuevas leyes que establecen la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Jorge Camargo enfatizó que con esta reforma la ciudadanía puede conocer la evolución del patrimonio de cualquier funcionario, en el entendido de que cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito sea sancionado enérgicamente.

El regidor puntualizó que con esta aprobación, Ensenada es el primer municipio del país que normará en la materia, lo que permite estar a la altura de los estándares de calidad internacional en anticorrupción.