Aunque este es un ejercicio muy modesto, queda claro que lo no deseado es el consumo de alcohol sin restricción alguna. Al parecer en eso estamos de acuerdo.

La prohibición podría ser una de las alternativas, las más sencilla desde un punto de vista ejecutivo, pues a nivel normativo solo implica agregar una cosa más a la lista de lo que no debe hacerse en la playa, o bien, seguir las mismas consideraciones que se tienen con todos los espacios públicos.

Sucedería entonces lo mismo que siempre pasa cuando una política se endurece: el peso del reglamento cae sobre los que no pueden convencer de alguna forma al encargado de aplicarlo.

Por otra parte mantendría los beneficios económicos para los que tienen una empresa que legalmente puede servir alcohol a quienes disfrutan de una tarde frente al mar. Coincidentemente es el caso del alcalde Novelo y su familia, pero definitivamente no se trata del mismo mercado... ¿o si?

Regular el consumo sería complicado, especialmente al momento de establecer los criterios y aplicarlos, sin embargo tendría sentido en una ciudad que presume de ser una capital gastronómica con decenas de ofertas en vino y cerveza artesanal. Complicado pero no imposible.