De acuerdo a la Ley de Cámaras y Confederaciones, estos grupos empresariales representan, promueven y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza. Además, son órganos de consulta y colaboración del Estado. El gobierno deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan.

Esto, en la ley... todos sabemos que la realidad es otra.

Salvo contadas excepciones la pertenencia a estas agrupaciones, particularmente en las posiciones directivas, está normada por intereses personales de emplear el gremio como trampolín político, lo que regularmente implica ponerse de tapete ante las autoridades o peor aún, ante las dirigencias partidistas.

Defender los intereses de sus representados ante las ineficiencias gubernamentales es casi suicidio político, por aquello de que la primera lección que deben aprender los aspirantes es que no se vale mamar y dar de topes.

En un escenario como el actual, con gobierno estatal de un color y municipal de otro, la única posibilidad es agarrar parejo, tal y como intentaron hacer los empresarios municipales, pero se rajaron.

¿Los amenazaron? ¿les prometieron algo? ¿reflexionaron y cayeron en cuenta que endurecer la discusión sirve de poco?

El hecho es que en nuestro humilde sondeo, el público opina que los empresarios deben mantener las exigencias ante el gobierno. Si les tiembla la mano al firmar las cartas o la voz al representar a sus agremiados, lo mejor que podrían hacer es defender sus aspiraciones políticas desde las evidentes inclinaciones partidistas de su preferencia... si de todas maneras se van a poner de tapete, que sea a título personal.