En un comunicado de prensa, Alejandro Jara Soria, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Ensenada (Canacintra), señaló que de mantener los decretos y emitir otros de la misma índole sobre los litorales del Pacífico y el Golfo de Cortés, se pondría en riesgo una parte importante de la economía de Sonora, de Baja California y Baja California Sur.

Subrayó que no solo pararían la actividad de barcos y pangas, sino que también se afecta a otros sectores que participan en el transporte, transformación y comercialización de los productos del mar.

Rubros como el transporte para llevan el pescado fresco de la playa o el muelle a las plantas procesadoras, talleres de mantenimiento, fabricantes de cajas, latas, artes de pesca, bolsas, hielo, tinas, jabas, contenedores, materiales de empaque, se vendrían abajo si prosiguen los decretos de ANP, advirtió el dirigente.

Empresas dedicadas a la venta de maquinaria, productos químicos, de limpieza, combustibles, lubricantes, avituallamientos, también se verían afectados, además de la cancelación de miles de empleos directos y contratos con talleres mecánicos, eléctricos, electrónicos y de soldadura, etc.

Jara Soria puntualizó que la industria pesquera del país está compuesta mayoritariamente por micro, pequeñas, medianas empresas y por sociedades cooperativas, que son el medio y la base de sustento de miles de pescadores y sus familias, quienes contribuyen de manera importante en la activación económica del Estado.

El sector pesquero y acuícola no solo son una fuente de alimentos para la población, sino que aportan materia prima para otras industrias, indicó.

Subrayó que esta actividad es una fuente de divisas por la exportación de productos, genera empleos directos e indirectos en todo el proceso productivo y proporciona la única fuente de ingreso familiar en algunas regiones costeras del país.

Actualmente México se consolida como una potencia pesquera con una preponderancia fundamental en el desarrollo socioeconómico a nivel nacional, destacó el presidente de la Canacintra.

Manifestó que el gobierno no consultó a todos los sectores involucrados en la pesca, mucho menos a las cámaras que los agrupan, cuando por Ley, éstos son órganos de consulta y colaboración del Estado a quienes se debe tomar en cuenta en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan.

Jara Soria recordó que la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, establece que éstas promueven y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza.

Las pesquerías legales tienen planes de manejo para su protección y su conservación, como lo son: tallas mínimas de captura, cuotas y vedas, señaló.

Los industriales están de acuerdo, subrayó, en que toda persona o empresa que incurra en la pesca ilegal de especies amenazadas, tiene que ser más severamente combatida por las autoridades.

“México asumió la responsabilidad internacional de conservar el 10% de sus mares en las metas de Aichi y actualmente ya supera el 22%, aseveró, por lo que nos pronunciamos a favor del futuro y bienestar de las familias que viven de la pesca en nuestro país, y la aportación que tienen a nuestra economía”.

“Solicitamos que no se decreten más áreas naturales protegidas sin antes no hacer una revisión de las ya declaradas con todos los sectores involucrados (industriales, ribereños y científicos) y determinar sus verdaderos efectos”, manifestó el dirigente.