A paso lento, camina en Baja California la Ley General de Víctimas que aprobó el Congreso Federal desde el 10 de enero del 2017 y que en nuestra entidad los diputados del Congreso del Estado tardaron casi 18 meses en aprobar.
Apenas, el pasado 27 de septiembre lo hicieron, sin embargo no se ha firmado ni publicado aún en el Periódico Oficial del Estado.
Esta ley es importante para la invstigacion de desapariciones y se estima que en el municipio de Ensenada hay entre 100 y 110 personas en calidad de desaparecidas.
Este viernes el grupo colectivo de familiares de desaparecidos en Ensenada, se reunió para informar que en la mayor parte de los casos no hay una averiguación previa sólo actas circunstanciadas a pesar de que los grupo de Derechos Humanos han hecho hincapié en que es una irregularidad el que permanezcan en este estatus.
“Es indignante que nuestros familiares no existan para el gobierno de Baja California, que han permanecido invisibles para el gobierno”, indicaron.
Entre las peticiones, están, además de la firma, piden que de inmediato se designe al titular de la Comisión Nacional de Víctimas y que se haga una reforma de ley para que la designación no haga el gobernador, que en 2019 se considere un recurso para la comisión y que se considere un fondo para la reparación del daño.
Para emitir el posicionamiento estuvieron presentes Teresa Figueroa, que busca a Raúl Figueroa; Leticia Choza, busca a Edwin Leonel Abundez Choza (hijo) quien desapareció en Guerrero Negro pero el cuerpo de su compañero apareció en el cerro de El Vigía.
Rosa María Velázquez, busca a Manelick Ayala Velázquez; Adriana Moreno, busca a Víctor Adrián Rodriguez Moreno; José Hernández y Domitila Mota, buscan a Miguel Ángel Hernández Mota (de Maneadero) y Juan Carlos García Muñoz busca a Ernesto García Muñoz (hermano perdido desde el 2008).
Algunas familias no pertenecen a colectivos o no han denunciado, pero comparten información con otros buscadores. Pero siguen pistas y comentarios de conocidos.