Por espacio de 13 años trabajadores del Poder Judicial del Estado, no han tenido un aumento salarial y lo que antes era un empleo envidiable es actualmente el temor latente de Secretarios de Acuerdo y Actuarios de no saber qué pasará si se enferman, o cuando concluya su vida útil
Este lunes decidieron hacer un plantón y manifestarse por las condiciones de trabajo que enfrentan y exigir al Presidente del Tribunal de Justicia del Estado y al Congreso Estatal se les haga efectivo un aumento que solicitaron en el 2006 y que en 2018 aun no llega, mientras la inflación sigue su curso.
Piden un aumento del 100% ya que mientras los Sindicalizados reciben aumentos cada año, ellos simplemente los observan mientras su salario se deteriora.
La petición ya está en manos del Tribunal y en este se plantea un Sistema de pensiones y asistencia médica para una edad de jubilación y retiro para los trabajadores secretarios de Acuerdo y Actuarios.
Hace cinco años se solicitó y se autorizó mediante un laudo une sistema de pensiones y de esta forma, empleados con 30 años de trabajo empezaron a tener antigüedad, sin embargo ahora con 35 años trabajando, deberán esperar muchos más para poder retirarse.
Su estatus laboral es el de un empleado de confianza que si bien tiene servicios médicos de ISSSTECALI, si sufre una incapacidad le pagan de acuerdo a la antigüedad que se tiene; un mes, un mes y medio y luego ya no hay pago aunque la enfermedad prosiga.
Un cáncer o accidente es imposible, dejaría sin apoyo a una familia y no hay jubilación; cuando llega el tiempo de irse, lo que se ahorró en lo personal es lo que se tiene. Se pierde la seguridad social y por supuesto nunca se tuvo derecho a la vivienda.
“Son condiciones críticas a las que se suma el hecho de ser un empleado de alto riesgo, por el cumplimiento de ejecutar órdenes judiciales donde si en un recorrido les ocurre algo tu vida laboral se acabó”. La situación es igual en juzgados civiles y penales.
La petición de los secretarios de acuerdos y actuarios va dirigida al magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, así como a la diputada Rocío López Gorosave, presidente del Congreso de Baja California.
Este planto sería el primero y de no obtener respuesta aumentarían la presión.