En rueda de prensa los empresarios leyeron un posicionamiento donde se manifestaron en contra de proyectos como el C5 el cual endeudará a Baja California por 800 millones de pesos.

Marco Navarro Steck, Pesidente de Coparmex indicó en Conferencia de prensa que a la iniciativa privada le preocupa la situación que guardan las finanzas públicas del Estado y de acuerdo a Armando León, Presidente de la Federación Coparmex en Baja California reflejan una mala planeación.

Aunque reconociendo la necesidad de suministro de agua en todo el estado, rechazaron la construcción de la desaladora en Playas de Rosarito. Dijeron que se trata de un proyecto que no tiene viabilidad y que se pagaría con aumentos en la tarifa así como con el impuesto sobre la nómina.

“No obstante la crisis financiera por la atraviesa el estado y fuera de toda lógica pretende pagar estos proyectos con un fuerte incremento de impuestos locales nos parece fuera de lugar, procurar resolver problemas de liquidez parece una salida fácil y se corre el riesgo de inhibir nuevas inversiones”, indicó el presidente local Marco Navarro Stec.

Acompañado del presidente de la federación Coparmex, Armando León Ptacnik, y el presidente del CCEE, Jorge Cortéz Rioz, descalificaron no solo la propuesta del Gobierno del Estado sino también la de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y la de Ley del Ingresos del Gobierno Municipal de Ensenada.

En el caso de la paraestatal Cortéz Rioz, opinó que no es procedente el aumento a las tarifas del agua cuando Cespe tiene una nómina de más de 600 empleados sin parámetros de eficiencia de personal.

En la conferencia recordaron que en la presente administración se han registrado déficits financieros que han llevado a que no se pueda cumplir con pago a maestros jubilados, poder judicial, Colegio de Bachilleres, entre otras dependencias.

Durante la conferencia de prensa, los empresarios confirmaron que en las últimas administraciones estatales no se había presentado un problema similar en las finanzas donde el incumplimiento de pagos que deben estar programados por el orden de la misma administración sea una constante y no una excepción.

En una carta abierta subrayan: “La marcha del Estado continuará una vez que concluya su administración en 2019 y nos preocupa que insista en dejar más compromisos que no serán atendidos por su gestión, por ello creemos imperativo cancelar proyectos que tendrán como consecuencia en el futuro fuertes y mayores compromisos financieros”.