Esto, con el argumento de que el nuevo esquema de la Zona Libre Fronteriza, recientemente establecido a través de un decreto promulgado por el Presidente de la República, debe traducirse en beneficio directo para los ciudadano de Baja California, especialmente para los de menores ingresos económicos.

“El espíritu y objetivo de los beneficios que se establecen en el decreto de beneficios e incentivos fiscales para la Zona Fronteriza, es sin duda alguna impulsar el desarrollo económico, pero también beneficiar directamente al pueblo y yo creo que uno de los servicios más utilizados por los ciudadanos de Baja California y en los que más invierten las familias es en el transporte público, por lo que es más que lógico, que si ha bajado el precio de los combustibles, se ha reducido el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta, se bajen también algunos servicios como el transporte público” expresó la legisladora al referirse a su propuesta.

No se trata de ninguna manera de afectar al sector transportista -dijo López Gorosave- sino por el contrario encontrar fórmulas que permitan que al mismo tiempo que se preste un servicio digno, se vea un beneficio directo en el patrimonio familiar, que les genere ahorro, mismo que puedan utilizar en temas tan importantes como la salud y la educación por poner algunos ejemplos.

Estamos conscientes de que aún falta delinear bien los criterios de operación de la zona libre y evaluar sus alcances y beneficios, sin embargo, este es precisamente el momento en que se debe de priorizar el bienestar social de las reformas, decretos y acciones del nuevo gobierno, ya que, si estas no llegan directamente a favorecer a los hogares de los más desprotegidos, no cumplen con su cometido y se quedan simplemente en reformas de discurso que beneficien solamente a algunos sectores.

En la misma sesión del Pleno del Congreso Estatal, la diputada López Gorosave propuso y le fue aprobado un Punto de Acuerdo en el que exhorta a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, así como a los gobiernos estatal y municipales, para que modifiquen los lineamientos de operación del llamado ramo 33 -que es una partida de inversión Federal destinada a obra social comunitaria-, para que puedan destinarse recursos de este ramo a colonias populares, que sean irregulares, pero que estén en proceso de regularización por alguna entidad gubernamental ya sea estatal o federal, siempre y cuando no se trate de invasiones, ya que lo que se busca es beneficiar a familias de escasos recursos que han adquirido predios que no cuentan con los permisos establecidos para fraccionar, pero que sí pueden acreditar su legítima propiedad.

Dijo la diputada Rocío López Gorosave, que con esta propuesta se busca que las colonias más pobres puedan acceder a obras y servicios indispensables como son redes de agua potable, alcantarillado sanitario, electrificación y pavimento, entre otros.