En un comunicado se indica que esta iniciativa busca regresar a la Constitucionalidad, ya que tanto en la Constitución General de la República como en la propia de Baja California, se estipula que es una facultad de los Ayuntamientos prestar a la ciudadanía el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

“Con nuestra Reforma a la Constitución Local, le estamos dando más claridad al tema, resaltando la obligatoriedad de los Ayuntamientos a la prestación de este servicio y además, puntualizando que tal obligación es intransferible a cualquier orden de Gobierno que no sea el Municipal, así como a cualquier entidad de la iniciativa privada”.

Para ser más claros, dijo la legisladora local, el servicio de agua potable tendrá que estar a cargo del orden de Gobierno más cercano a la ciudadanía, que es el Ayuntamiento, conformado por representantes electos por la ciudadanía que deben de tener la sensibilidad y el interés necesario para planear, gestionar, ejecutar y operar con mayor eficiencia los organismos operadores de agua, sin tener la posibilidad de concesionarlos y mucho menos privatizarlos como se ha hecho con algunos otros servicios con resultados negativos.

Señaló la diputada ensenadense que, dentro de su iniciativa se estableció un transitorio en el cual se dicta que el Estado y los municipios tendrán un término de 6 meses para realizar las acciones necesarias tanto, técnicas, legales y financieras para llevar a cabo la transición y que, además se deroguen todas las Leyes o decretos que se opongan a la Reforma, donde se incluye por supuesto los decretos de creación de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos.

Textualmente el artículo 82 de la Constitución Local que se reformó, quedará como sigue: “Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos; agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, tendrán carácter de intransferibles a particulares y entidades públicas de órdenes de Gobierno distintos al Municipal, quienes no podrán adquirirlos para su comercialización”.

Finalizó la diputada Rocío López Gorosave, diciendo que, la re-municipalización de la prestación de servicios de agua potable es una exigencia ciudadana que se ha dado a través de diferentes grupos de la sociedad civil y que se ha analizado en distintos foros realizados a través de todo el Estado.