El Comunicado de COPARMEX:

La Confederación Patronal Mexicana lamenta profundamente el anuncio realizado el día de hoy por el Presidente de la República a través del cual deja sin efectos la Reforma Educativa realizada durante el sexenio anterior.

Es lamentable que por presiones de un sector del sindicato de maestros se haya dejado a un lado el interés de la sociedad en su conjunto para mejorar su sistema educativo y con ello, brindar mayores oportunidades de movilidad social y desarrollo a la población.

En los últimos meses, tanto la Secretaría de Educación Pública como los diputados y diferentes actores sociales sostuvieron una amplia discusión en torno a la Reforma aprobada en el sexenio anterior y se habían logrado mejoras sustanciales, logrando un dictamen equilibrado que armonizaba la iniciativa presentada por el Presidente con las recomendaciones puntuales realizadas por expertos y representantes de la sociedad, incluidos los grupos sindicales.

En el dictamen se reconocen cuatro derechos profesionales clave: el derecho a la formación, capacitación y actualización de los maestros, retroalimentado con evaluaciones diagnósticas, el derecho de ser admitidos

a la carrera magisterial sobre la que tiene rectoría el Gobierno Federal a través de procesos imparciales; el derecho a lograr promociones a través de mecanismos públicos, imparciales y de igual oportunidad; y que los reconocimientos tengan esas mismas características de imparcialidad y mérito objetivo, no de clientelismo, chantaje, compra, herencia o favores políticos.

Todos estos avances, resultado de un largo proceso de discusión y ejemplo de democracia, se están dejando a un lado para ceder a las presiones de un grupo. Los niños mexicanos son quienes pagan las consecuencias de ceder a los chantajes de este grupo, pues seguirán recibiendo una educación que ha colocado al país entre los niveles más bajos de desempeño académico de la OCDE.

Por otra parte, es importante señalar que el artículo 16 de la Constitución obliga a que los actos de autoridad estén fundados y motivados, es decir, que se refieran a un artículo y numeral a las facultades específicas a partir de las cuales se establece un mandato. El Memorándum del Presidente carece de este sustento legal y por lo tanto, es cuestionable su efecto.

Por las razones anteriormente expuestas, la COPARMEX hace un llamado para que se actúe con apego a la ley y a los procesos establecidos para dar certidumbre a la sociedad, particularmente en un tema tan relevante como lo es la educación. FIN

En tanto esto es lo que dijo López Obrador.

“Les voy a dar a conocer un memorándum que voy a enviar al secretario de Educación Pública, a la secretaria de Gobernación y al secretario de Hacienda, donde les instruyo para que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada reforma educativa en tanto se llega a un acuerdo con maestros, padres de familia, con la sociedad en su conjunto y se presenta una reforma constitucional aceptada por todos, que garantice la educación pública obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad.”

Recordó que a esta medida se suma la decisión de que el Estado será quien ejerza el control de la nómina y de los espacios laborales en el sistema educativo:

“Lo único que nos vamos a reservar es el manejo de las plazas para evitar que haya tráfico. Eso lo va a decidir, como corresponde, la Secretaría de Educación Pública.

“Y lo mismo, la Secretaría de Hacienda va a manejar la nómina para evitar que haya aviadores, para garantizar que se les pague a los maestros y para desterrar la corrupción.”

Agregó que en el documento se incluye la instrucción para cumplir el compromiso de liberar a perseguidos políticos:

“En ese memorándum estoy instruyendo también a estos servidores públicos para que se agilice el trámite y se continúe liberando a maestros que fueron encarcelados injustamente. Al mismo tiempo les voy a pedir que de inmediato se reinstale a todos los maestros despedidos que fueron víctimas de las llamadas evaluaciones punitivas.

“Y vamos a disponer de recursos para indemnizar a familiares de maestros y de luchadores sociales que perdieron la vida por oponerse a la mal llamada reforma educativa.”