En sesión extraordinaria, la Asamblea Legislativa de Baja California aprobó por 17 votos a favor y 6 en contra el dictamen 111 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el Dip. Andrés de la Rosa Anaya, el cual contiene diversas reformas a la Constitución local que dan origen a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la que se le atribuirán las funciones que actualmente tienen la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública.

El referido dictamen, leído en tribuna por el legislador Raúl Castañeda Pomposo y que abarca modificaciones constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo, mismas que fueron socializadas ante el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, instituciones académicas y barras de abogados, se hicieron para dar cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, en materia de autonomía del Ministerio Público, donde se define que todos los procesos penales en el país se tramitarán conforme a las mismas reglas para las entidades federativas como para la federación.

Entre otras cosas, dentro de las reformas se establece lo siguiente: “El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, la cual será un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión y presupuestaria, de reglamentación interna y de decisión que tendrá a su cargo las funciones de investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal”.

La FGE contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción. La primera estará a cargo de la investigación y persecución de las infracciones a las leyes electorales, y la segunda a los delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares.

Se inscribe también que “para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se creará una Comisión Especial integrada por tres Diputados de la Comisión de Dictamen Legislativo pertenecientes a distintas fracciones parlamentarias y cuatro ciudadanos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la cual tendrá a su cargo el proceso de evaluación y comparecencia de los aspirantes al cargo, conforme a lo que establezca la Ley de la materia”.

Asimismo, se establece que al frente de la Fiscalía estará un Fiscal General, que durará en su puesto 9 años, quedando su designación “a cargo del Congreso del Estado, el que emitirá convocatoria pública dirigida a los profesionistas en derecho, quienes deberán reunir los requisitos señalados en este artículo y someterse al procedimiento de selección que determine el Pleno del Congreso del Estado, el cual se dará a conocer en la convocatoria pública de referencia”.

Para ocupar el cargo de fiscal, las reformas avaladas disponen que tendrá que tener cuando menos 35 años y no más de 65; no estar sujeto o vinculado a proceso penal o haber sido condenado por delito doloso; una residencia de 5 años y contar con evaluación de control de confianza aprobado. En cuanto a su remoción, se establece que estará a cargo del Congreso local por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y por las causas graves señaladas en la Constitución de Baja California.

En los artículos transitorios, se inscribe lo siguiente: dentro del plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, el Congreso deberá expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y que el procurador de la PGJE que se encuentre en funciones a la entrada en vigor de este Decreto, seguirá hasta que el Congreso efectúe la designación del fiscal.

Por otro lado, en los mismos se dispone que los trabajadores de la PGJE que formen parte de la Fiscalía mantendrán sus derechos laborales y prestaciones adquiridas en los mismos términos del régimen laboral bajo el cual fueron contratados, garantizando a los trabajadores de base el cumplimiento de las condiciones de trabajo. En el caso de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías Ministeriales conservarán con el Estado su relación administrativa, en los mismos términos y condiciones previstos en las leyes aplicables.

LA XXII LEGISLATURA ELIGE AL MAGISTRADO ANTICORRUPCIÓN

En la misma sesión extraordinaria celebrada este día, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la designación del ciudadano Iván José Curiel Villaseñor, como magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), a quien se le tomó la respectiva protesta de ley.