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Muchos planes, pero sin estrategia clara en seguridad

Posicionamiento de COPARMEX nacional

Nota publicada el 14 de mayo de 2019
por Elizabeth Vargas

El pasado 25 de abril, el Secretario Federal de Seguridad Publica y Paz Social, Alfonso Durazo, presentó ante el Senado de la Republica la Estrategia Nacional de Seguridad Publica.

El documento, a través de adiciones a los artículos 69 y 76 Constitucionales, obliga al Presidente de México a presentar su estrategia de seguridad sexenal.

Las 71 hojas del mismo tienen como objetivo atacar el origen de la delincuencia buscando devolver la paz social a los mexicanos, a través de dos vertientes, el fortalecimiento del tejido social en ocho ejes fundamentales, que van desde la erradicación de la corrupción como causa principal de la inseguridad, la garantía de empleo educación, salud y bienestar para los mexicanos, hasta la regeneración de la ética social y la reinserción social en los centros penitenciarios, todo

También contempla la correcta distribución de los recursos federales a los estados en materia de capacitación y adiestramiento policial, estrategias de combate al robo de hidrocarburos, lavado de dinero, robo de transporte, tráfico de armas y la aplicación efectiva de la extinción de dominio.

A la Guardia Nacional le establece la obligación de apoyar y coordinarse con las policías locales, incluyendo protocolos de reunión para las mesas de pacificación para cada una de las 266 regiones del país, obligando igualmente el respeto al uso de la fuerza y el registro de detenciones, leyes que aún no han sido publicadas.

Contempla de igual manera dentro de las funciones de la Guardia Nacional, la investigación a través de un sistema nacional de inteligencia, el fortalecimiento de la Plataforma México para el registro de delincuentes, y la creación de una Guardia Financiera para combatir el lavado de dinero.

El nuevo modelo policial incluye un esquema transversal e integral para los tres órdenes de gobierno bajo un mismo modelo nacional de policía, homologando a los 32 estados, contextualizando necesidades locales, estandarizando la capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policiaca, que incluye la creación de la Universidad de la Seguridad Publica.

Mencionando claramente las policías municipales como las más importantes del país, homologa sueldos y prestaciones no solo entre ellos, sino también entre ministerios públicos y jueces.

El documento menciona la importancia de la participación de la sociedad civil en el combate a la inseguridad a través de redes vecinales, incluyendo estrategias focalizadas de acuerdo a las particularidades de cada región.

Con el objetivo de erradicar a México como un país de víctimas y desaparecidos, menciona la posibilidad de amnistía a aquel delincuente que esté dispuesto a mostrar arrepentimiento, garantía de no repetir los crímenes, y la reparación del daño.

Menciona de igual manera la intención del gobierno federal de coordinarse adecuadamente con autoridades municipales y estatales, sin repartir culpas ni eludir responsabilidades.

Desafortunadamente, el documento menciona muy pocas estrategias en materia de procuración de justicia, aun cuando acepta que anualmente se cometen en el país más de 31 millones de delitos y 99% quedan impunes, donde difícilmente se puede entender una estrategia de seguridad que no involucre a la Fiscalía General de la Republica y el Sistema de Justicia.

Finalmente, el documento no contiene tiempos de implementación de las estrategias propuestas ni los responsables de ejecutarlas, también adolece de la asignación de partidas presupuestales para su ejecución.

Con una inversión de solo el 0.8% del PIB en seguridad interna y sistema judicial, México ocupa el último lugar en inversión en seguridad entre los 33 países miembros de la OECD.

La Estrategia Nacional de Seguridad Publica es ciertamente un documento perfectible pero un buen arranque para este enorme problema que sufrimos actualmente los mexicanos.

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