Aunque los casos más sonados han sido en la cabecera municipal, lo cierto es que en todo el municipio se han suscitado este tipo de incursiones, principalmente en la zona rural en donde presuntos líderes promueven ese tipo de delitos con motivos políticos y de lucro, ya que casi siempre cobran cuotas a sus seguidores, advirtió.

Salazar Juárez dijo que esa práctica fue muy socorrida en los años 70s, 80 y 90s, hasta que durante el gobierno de Ernesto Ruffo puso orden al crear el padrón único de beneficiarios de tierra y vivienda para evitar la especulación con terrenos invadidos por personas sin ninguna necesidad.

Recordó que las invasiones eran un “modus operandi” de partidos políticos como una forma de allegarse seguidores y recursos económicos que iban a parar al bolsillo de los líderes de invasores.

El presidente de la Canadevi, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que hagan prevalecer el estado de derecho y pongan punto final a este tipo de delitos en donde quiera que ocurran y se castigue a los responsables intelectuales y materiales.

“No es posible que en se permita que grupos de interés económico y político vulneren la propiedad privada y siembren la incertidumbre entre quienes con su esfuerzo se hacen de una propiedad con fines de negocio o de reserva patrimonial”, advirtió.

Manifestó que nadie tiene derecho a apoderarse de lo que no le corresponde y cometer delito en una sociedad que se precia de vivir cobijada por el estado de derecho y al amparo de la Ley que los gobernantes juraron cumplir o hacer cumplir.

Salazar Juárez dijo que no existe ninguna razón para volver a prácticas del pasado, ya que en la actualidad existe la suficiente oferta de suelo, vivienda, créditos, facilidades y programas gubernamentales como el Infonavit y otros, para satisfacer la demanda de quienes lícitamente aspiran a un lugar para vivir.

Para la Canadevi la situación es mayormente preocupante, ya que algunos de sus socios han sido víctimas de las invasiones e intentos de despojo, lo que pone en riesgo los procesos de desarrollo y promoción de la vivienda y genera incertidumbre para la inversión en ese giro.