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Inseguridad obliga a bajacalifornianos a cambiar hábitos

Ante el miedo a ser víctima de un delito

Nota publicada el 26 de junio de 2019
por Elizabeth Vargas

La inseguridad es el problema más importante que aqueja a la población, lo que ha obligado a los bajacalifornianos a cambiar sus hábitos por temor a ser víctimas de la delincuencia, además del costo que esto representa y que, en Baja California, rebasa los ocho mil millones de pesos, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XXII Legislatura, diputado Job Montoya Gaxiola.

Así se expresó el diputado Montoya al darle la bienvenida al secretario de Seguridad Pública (SPP) del Estado, José Fernando Sánchez González, quien acudió este día ante la mencionada comisión legislativa, para exponer las acciones que lleva a cabo la dependencia en el combate a la delincuencia.

Sánchez González, quien acudió acompañado por el director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), licenciado Luis Felipe Chan Baltazar, así como por el subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, David Limón Grijalva y el resto de los funcionarios de la SSP, además de representantes de organismos sociales, dio a conoce algunas de las estrategias desarrolladas.

En presencia también del diputado Raúl Castañeda Pomposo, Montoya Gaxiola le señaló al funcionario que existe una gran preocupación entre los bajacalifornianos ante la ola de violencia que azota a la Entidad y citó los datos del INEGI, que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicó que en el primer trimestre de 2019, en Tijuana y Mexicali, el 68 por ciento de personas mayores de 18 años cambiaron su hábito de llevar consigo objetos de valor en la vía pública, por temor a ser víctimas de la delincuencia; el 75 prohibió a los menores salir de su vivienda; el 66 evita salir por la noche y más del 40 por ciento manifestó que ha cambió su hábito de visitar parientes o amigos.

A todo lo anterior, indicó el legislador, “habrá que adicionar el impacto económico que conlleva la inseguridad. En 2017, esto significó, a nivel nacional, un costo total de 300 mil millones de pesos, lo que representan el 1.7 por ciento del PIB; mientras que para el Estado de Baja California, el costo rebasó los 8 mil millones de pesos.

Precisó que una de las más inmediatas y palpables consecuencias de la inseguridad, es el costo que genera invertir en medidas de protección que, por más sencillas que sean, afectan la economía familiar, y que, al colocar rejas, bardas, púas, candados, etcétera, se genera un contexto de temor, de defensa y de exclusión.

Ante este panorama poco alentador -señaló-, “se entiende que haya reclamos a las autoridades actuales y que la expectativa sea muy alta respecto a la próxima administración. En este sentido, es necesario partir de un diagnóstico claro, certero y actualizado que nos permita establecer los equilibrios necesarios entre reclamos y expectativas”.

Por su parte, el titular de la SPP dio a conocer el Programa Rector bajo el cual funciona esta secretaría, el cual comprende, entre otras cosas, la distribución de un mil 703 de alarma instalados, aunque el objetivo es la instalación de 10 mil alarmas vecinales y la inhibición de señal en los cinco reclusorios del Estado, para impedir la actividad de los extorsionadores.

El funcionario criticó que los jueces liberen con tanta facilidad a las personas que son remitidas por portar armas, especialmente a aquellas que de grueso calibre que están prohibidas para la población civil, pues al recuperar su libertad se convierten en potenciales homicidas.

A pregunta expresa, Fernando Sánchez respondió que sería un grave error desaparecer a la Policía Estatal Preventiva, pues se echaría por la borda toda la experiencia acumulada, la base de datos respecto a los grupos delictivos, las zonas peligrosas y otros elementos a considerar, por lo que opinó que se debe pensar en fortalecerla en lugar de desaparecerla.

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