Ante los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Mata Lozano, expuso la preocupación que genera utilizar la innovación en nuevas modalidades de actos de corrupción, tales como: “Moches por Adelantado”, sin ser aún gobernantes; pero más alarmante resulta comprender que Jaime Bonilla pretenda gobernar por encima de la ley de las instituciones durante 5 años a la fuerza, y hacerlo entre corrupción e impunidad, señaló.

La congresista detalló que este punto de acuerdo, surge derivado de los recientes acontecimientos que se hicieron públicos el pasado 27 de noviembre en diversos medios de comunicación y redes sociales, en los que se exhibe que se cobran moches mucho antes de ser gobierno, y que según información difundida se trata de una red de corrupción que operaba desde la etapa de transición en el Gobierno del Estado de Baja California y que involucra a varios funcionarios de la administración estatal que encabeza Jaime Bonilla.

A través de audios e imágenes, se evidenció a Cynthia Gissel García Soberanes, entonces titular de la Secretaría de Integración y Bienestar Social del Gobierno del Estado, en cuestionables actos, con la promesa de convenios para proveedores, incluso antes de asumir el cargo.

En su exposición de motivos, la Diputada hizo referencia a la información vertida por un medio de circulación regional (Semanario Zeta), en donde se menciona que de acuerdo a las transacciones detectadas en esa dependencia con la complicidad de Oficialía Mayor y la Secretaría General de Gobierno, habrían cobrado entre 24 y 28 millones de pesos, desde antes de tomar posesión de sus cargos.

Asimismo, se menciona que, en esos casos de moches, se documentó la entrega de 20 millones de pesos de un empresario a cambio de contratos millonarios como proveedor de alimentos a los centros penitenciarios del Estado y de desayunos escolares. Así como el caso documentado de otro empresario que entregó 100 mil dólares ante la promesa de obtener contrato en el sector inmobiliario y de vivienda.

También comentó que el descaro es tal, que existe registro oficial en cámara de video, de la detención del vehículo de la Secretaría de Bienestar Social en el retén militar de la Laguna Salada resguardado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que transportaba la cantidad de 4 millones de pesos en efectivo, retén en el que se presume estaban presentes Cynthia Gissel y su secretario particular quienes llevaban el moche.

La Diputada Lizbeth Mata mencionó durante su participación que hasta el momento existe al menos una denuncia penal presentada por el Partido Acción Nacional y una denuncia de hechos presentada por un testigo ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado, sin embargo se requiere también la urgente intervención de diversas autoridades estatales y federales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se investigue la posible realización de operaciones financieras fuera del marco legal y en su caso de actualizarse los actos de corrupción, se denuncien los delitos federales a que haya lugar.