Romero Aranda comentó que los proveedores de esquemas de subcontratación serán perseguidos como delincuencia organizada, conforme a la reforma penal fiscal aprobada en octubre del 2019. Asimismo, podrán ser condenados hasta con penas de prisión de 14 a 20 años.

En el marco de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación (PFF); Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa en el Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal, el cual también está integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Durante su intervención, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que se han identificado tres tipos de subcontratación ilegal, que son: 1) La generación de empresas fachada; 2) La facturación de operaciones simuladas, y el 3) El outsourcing ilegal. A raíz de lo anterior, en lo que va de la presente administración se han presentado 51 denuncias, las cuales se dividen de la siguiente forma: 31 ligadas con empresas fachada; 15 con facturación de operaciones simuladas, y 5 con casos de outsourcing ilegal.

Nieto Castillo apuntó que las primeras acciones de trabajo del Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal consistieron en los 7 operativos especiales de inspección a grandes empresas relacionadas con los rubros de hotelería, servicios informáticos, farmacéutico, call center, minería y producción de alimentos. A raíz de lo anterior, se detectaron 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente, así como 36 empresas subcontratistas involucradas.

El titular de la UIF señaló que, entre septiembre y diciembre de 2019, la STPS coordinó las actividades de inspección, por medio de las cuales se detectaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran más de 862 mil trabajadores con probable afectación en sus derechos laborales y de seguridad social. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes en la materia, durante 2020 el Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal realizará acciones específicas sobre estas empresas.

Por su parte, el procurador Carlos Romero Aranda comentó que la PFF recibirá las vistas de la UIF, el SAT y del IMSS para investigar los delitos fiscales correspondientes y de proceder formulará las querellas que den inicio a los procesos penales.

Romero Aranda comentó que los proveedores de esquemas de subcontratación serán perseguidos como delincuencia organizada, conforme a la reforma penal fiscal aprobada en octubre del 2019. Asimismo, podrán ser condenados hasta con penas de prisión de 14 a 20 años.

Sin embargo, el procurador Romero Aranda aclaró que sólo serán aplicadas las normas de delincuencia organizada a los grupos de 3 o más personas, dedicados de manera permanente o reiterada a defraudar al fisco.

Romero Aranda enfatizó que los empresarios que han hecho uso de estos esquemas simulados podrán ser sancionados penalmente.

No obstante, el funcionario destacó que están en posibilidades de acercarse a las autoridades fiscales con la oportunidad de regularizarse antes de que sean procesados. Romero Aranda recordó que, a finales del 2019, diversas empresas que habían utilizado facturas falsas se acercaron a la autoridad para regularizar su situación fiscal, con lo cual evitaron la sanción de prisión establecida para esos casos.

Con la participación de la PFF, la UIF y el SAT en el Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público profundiza su colaboración y coordinación con diferentes entidades del Gobierno de México para combatir la corrupción y acabar con la impunidad en el país.

En la misma conferencia el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que el Gobierno Federal lleva a cabo acciones coordinadas para combatir la subcontratación ilegal, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los trabajadores.

El funcionario informó que se llevará a cabo una campaña de difusión masiva a nivel nacional para sensibilizar a los trabajadores respecto a sus derechos laborales, la importancia de revisar sus datos ante el IMSS y asegurar el correcto registro salarial por parte de las empresas.

Robledo destacó que la verificación de la vigencia de derechos al Seguro Social se puede realizar en línea para que así conozcan cómo los tienen contratados los patrones.

“Eso va a permitir la denuncia ciudadana por parte de los propios trabajadores, que al final son los más afectados cuando vean que el monto de la pensión no corresponde a lo que estuvieron ganando, porque los tenían registrados con un sueldo inferior”, indicó.

El titular del IMSS señaló que la creación del grupo de trabajo interinstitucional contra la subcontratación ilegal, en el cual participa el propio Instituto, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha dado resultados.

Refirió que de septiembre a diciembre se identificó a un primer grupo de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran a cerca de 860 mil trabajadores con probable afectación en sus derechos laborales y de seguridad social.

Destacó que para este año se están planteando nuevas acciones para empresas que, de manera irregular registran a sus trabajadores con un monto diferente a su salario real.

Indicó que las acciones del grupo de trabajo se han concentrado en siete operativos especiales a grandes empresas con esquemas de subcontratación en sectores como hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéutica, minería y producción de alimentos.

“En estos operativos se han detectado a 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas, es decir, es todo un esquema realmente sofisticado de empresas que, cada vez que había una acción de autoridad, saltaban a otra empresa o movían a la nómina”, subrayó.

El director general del IMSS dijo que se trabaja en conjunto entre instituciones para que la información que los patrones le reportan al SAT sea idéntica a la que reportan al Seguro Social, y que las facultades de todos, en términos de inspección y fiscales, sean empleadas de manera integral.

Enfatizó que el subregistro y la subcontratación ilegal también afectan los ingresos públicos, en particular al Seguro Social, porque no llegan los montos por la vía de cuotas que corresponde al salario de los trabajadores, lo cual durante años ha impedido mejorar la atención médica, el crecimiento en infraestructura y la capacidad instalada.

“Vamos a continuar de manera muy decidida, muy intensa, aplicando este tipo de trabajo coordinado, primero para algo que está desde hace un año, desde hace mucho tiempo, en el sentir de los mexicanos: se tiene que acabar la impunidad, nadie puede entrar a uno de estos esquemas sabiendo que es de carácter ilegal, pensando que no va a pasar nada y que puede seguir lucrando a costa de los derechos de los trabajadores”, subrayó Zoé Robledo.