La firma Google rechazó una petición del gobierno Francés para extender el llamado "derecho al olvido", decretado el año pasado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que el gigante de Silicon Valley acató de manera parcial, pues sólo se eliminaron los enlaces en buscadores de ciertos países y no de la versión global.

Esta historia empezó hace aproximadamente un año, cuando los europeos siguieron la vía legal para que fueran eliminados aquellos enlaces a documentos que dan fe de alguna parte de su vida que prefieren olvidar. En su momento, Google acató y puso a disposición del público una herramienta que de inmediato recibió miles de solicitudes.

Hoy en día, al emplear la versión francesa del buscador (www.google.fr), puede leerse la siguiente aclaración: ¨Some results may have been removed under data protection law in Europe¨.

Sin embargo los enlaces a toda la información permanecen intactos en la versión global del sitio, con lo que Google le deja claro a los gobiernos que pueden respetar y acatar decisiones relacionadas con cada país, pero no será nada sencillo modificar políticas en esta empresa que es la número uno del mundo digital.

Así lo comunicaron desde Silicon Valley: ¨Respetamos la postura de la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades, pero nos oponemos por principio a la idea de que una agencia nacional de protección de datos personales reivindique tener autoridad a escala mundial para controlar las informaciones a las que acceden los internautas en todo el mundo".

Esto es apenas el principio del debate y por el momento sólo está concentrado en la posibilidad de acceder a la información que se publica, pues no se enfoca en quienes de alguna u otra manera hacemos la producción de los contenidos.

Nuestra hemeroteca, por ejemplo, permite el acceso a notas periodísticas publicadas en los últimos quince años, entre las que se encuentran hechos delictivos denunciados, procesados y condenados a sentencias que ya finalizaron. Personas que han protagonizado las historias se acercan a nosotros con la petición de que se elimine tal o cual nota, porque afecta su proceso a la reinserción social.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿tiene derecho al olvido el funcionario público procesado por fraude? ¿el profesor que violó a una niña? ¿el que asaltaba con un arma en la mano? ¿el narcomenudista? ¿el que robó su auto o el de su vecino?... definitivamente no es un asunto sencillo y lo peor es que por más que le doy vuelta a la lista de legisladores federales, no veo a uno solo con los alcances necesarios para desarrollar una ley que pueda definir los criterios. Tampoco un sistema judicial que permita que estos se apliquen lejos de la dolorosamente cotidiana corrupción nacional.