Candidatos que rebasen los topes de campaña en un 5%, durante el actual proceso electoral podrían ser sujetos a la nulificación de su candidatura, advirtieron los miembros del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California.

Para este proceso electoral, hubo numerosas modificaciones que permitirán al INE una fiscalización más efectiva y exhaustiva, ya que involucra un corte a media campaña con la verificación en eventos de candidatos y cruce de información con el SAT sobre los proveedores.

El Consejero, Víctor Espinoza Valle indicó que si un candidato pasar los topes de campaña en un 5% es causa de nulidad de la elección, algo que no existía y que a partir de este proceso, es un nuevo condicionamiento de la ley.

Son sanciones rápidas para que los candidatos no rebasen los topes de campaña que contemplan 1 millón 260 mil pesos por partido por candidato.

Por su parte Donaciano Muñóz Loyola Presidente del Consejo del INE. Indicó que con esta fiscalización los candidatos tienen la responsabilidad de presentar cada 30 días un informe a las autoridades electorales sobre sus gastos.

De esta manera se podrá hacer un corte intermedio del periodo de campaña pare determinar que tan cerca esta el candidatos de acercarse al tope de 1 millón 260 mil pesos.

Además los Consejeros realizarán en este proceso, un ejercicio para visitar mítines y eventos de los candidatos para verificar los gastos que realizan en cada uno de ellos

Precisó: “ El transporte que usan, artículos promocionales, renta de espacios, en fin de todo lo que gasten en el evento se levantará una revisión muestral de lo que realizan, para el día que termine campaña cotejar lo que está reportado y lo que se verificó en la campaña.

Esto mismo se aplicará a los espectaculares, mediante un recorrido en cada uno de los Distritos para verificar que espectaculares coloca cada candidato y al final hacer una compulsa de lo que esta reportando.

Todos los gastos que presente serán sujeto a revisión a través del organismo de inteligencia financiera del SAT para cotejar los proveedores que suministran bienes y servicios de tal manera que habrá una fiscalización mas reforzada con respecto a los anteriores procesos electorales.