Al participar en el Martes de Chat “BC en línea” a través del portal de gobierno www.bajacalifornia.gob.mx agregó que la función de la Contraloría es la de cuidar el uso correcto del gasto público y la del Contralor, la de dirigir y coordinar dichos trabajos.

El Contralor General dijo que en la DCEG se pueden presentar todo tipo de quejas, las cuales pueden ser vía telefónica, personalmente, por escrito o en caso de que la dependencia detecte alguna queja mediante una manifestación pública o en los medios de comunicación se recoge.

Detalló que las denuncias pueden ser anónimas al número telefónico 01 800 027 4233, o bien presentando la denuncia directamente a la Contraloría, la cual está ubicada en el Cuarto piso del edificio del Poder Ejecutivo, en centro Cívico.

Indicó que de un servidor público se puede denunciar el uso incorrecto de los bienes que pertenecen al Gobierno, por ejemplo un vehículo, alguna maquinaria que se esté utilizando para beneficio personal, entre otros.

Dijo que los castigos son dependiendo de la gravedad, y van desde una amonestación verbal hasta la suspensión temporal, la inhabilitación para ocupar un cargo público y hasta una denuncia penal, si el caso lo amerita.

Contreras Rodríguez comentó que una vez recibidas las denuncias se registran y se abre un expediente y si la falta no es grave se turna a una instancia interna para su investigación con el propósito de corroborar que la denuncia corresponde a la realidad. Si la falta es grave, se investiga por personal especializado de la Contraloría y se investiga para tener los elementos para adjudicar la responsabilidad.

Por otra parte el funcionario estatal señaló que se promueve una serie de programas y talleres para fomentar una mejor actitud en los servidores públicos, por ejemplo cursos sobre transparencia y el programa “Cultura de la Legalidad”.

Por último mencionó que las declaraciones patrimoniales permiten tener un control de los bienes que posee un funcionario de tal manera que si el patrimonio se incrementa por encima de sus percepciones, el Gobierno del estado tiene la obligación de investigarlo para ver si esos recursos provienen o no del Gobierno.