La Directora del Instituto de la Mujer en el Estado (INMUJER), Mayte Aguilar Cruz, informó que el pasado 1º de febrero de 2007, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante la cual se establecen mecanismos en Estados y Municipios para garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias, una mejor vida a las mujeres de la República Mexicana.

Dijo que antes de la emisión de la Ley no existían mecanismos o disposiciones específicas al respecto de los distintos tipos de violencia que afectan a la mujer y sus familias, ahora con la aprobación por el Congreso del Estado, esta Ley en Baja California prevendrá y atenderá la violencia familiar en conjunto con otras instancias del Gobierno.

“La aprobación de esta Ley en el Estado era importante para tener acceso a los recursos federales aplicables al Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género. Estos recursos son importantes pues permitirán generar acciones y estrategias de combate a la violencia de cobertura Estatal y Municipal”, manifestó.

Señaló que dicha ley a las mujeres como sujetos de derechos, independientemente de su edad, estado civil profesión, religión, origen étnico, condición social y en otras circunstancias en las que se puedan encontrar en desventaja.

“La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es una ofensa a la dignidad y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, expresó.

Aguilar Cruz destacó que como órgano rector corresponde estar pendientes de que se aplique las normas y las leyes como se está dando a conocer. “Lleva tiempo porque hay que darla a conocer, que la Sociedad, los Juzgados, los Ministerios Públicos, los servidores públicos y todos aquellos que estén involucrados”.

Indicó que la protección debe cubrir todas las áreas de la vida de las mujeres, ejemplo de ello en los casos de violencia, familiar, acoso sexual y de cualquier otra violación a sus derechos realizados por particulares, donde el Estado incumpliría con sus obligaciones jurídicas si no interviene creando Políticas para proteger a las mujeres de terceras personas que violan sus derechos. También se deben generar acciones y estrategias de combate a la violencia contra la mujer de cobertura Estatal y Municipal, que representa en muchos casos una urgencia nacional.

Recordó que la iniciativa de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California fue presentada por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias (CRIPP), la cual se aprobó de manera unánime durante la Sesión del Pleno celebrada la tarde del miércoles 30 de abril del 2008.

Dijo que en dicha Ley se reconocen los tipos de violencia en el ámbito familiar, laboral, docente, psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico, de los cuales las mujeres son víctimas.

Señala la creación de un sistema estatal para la prevención de violencia contra la mujer, conformado por: la Secretaría General de Gobierno, Procuraduría General de Justicia del Estado, el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, DIF, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública y los Municipios.

Asimismo permitirá tener mayor seguridad a las mujeres respecto a órdenes de aprehensión de emergencia y prever con lo que se asegurará la seguridad de las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia es por ello que en el Estado se impulsará la implementación de refugios.

La funcionaria estatal informó que al Instituto de la Mujer le corresponde establecer las Políticas Públicas en materia de Violencia de Género en el Estado, coordinándose para tal efecto con todas las dependencias, entidades y unidades administrativas de la Administración Pública Estatal y Municipal, en concordancia con la Política Nacional respectiva, desarrollando entre otras facultades las siguientes:

I).- Diseñar la Política Transversal en el Estado para que todas las Dependencias del Gobierno Estatal y Municipal adopten la perspectiva de género.

II).- Orientar y asesorar a las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal en la elaboración del Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

III).- Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal para prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a través de su titular.

IV).- Registrar los Programas y Modelos Estatales de prevención sanción y erradicación de la violencia y los subprogramas en coordinación con las dependencias, entidades y unidades administrativas de la Administración Publica Estatal y Municipal.

V).- Representar al Estado en el Sistema Nacional.

VI).- Integrar el Banco Estatal de Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres.

VII).- Solicitar a las Dependencias de la Administración Pública del Estado y a los Municipios la información estadística correspondiente.

VIII.- Impulsar la Armonización Normativa y Judicial en materia de violencia de género en concordancia con los instrumentos internacionales y nacionales.

IX).- Evaluar la aplicación de la Legislación sobre violencia de género en el Estado buscando la armonización, vinculándose con el Poder Legislativo Estatal y con los Municipios.

X).- Integrar las investigaciones de las dependencias de la Administración Pública Estatal sobre causas, características y consecuencias de la violencia de género publicando los resultados de las mismas.

XI).- Establecer los indicadores para la evaluación de la Administración Pública Estatal y sus servidores públicos en materia de discriminación y violencia de género.

XII).- Impulsar la creación de Unidades Especializadas en la atención y protección a niñas y mujeres víctimas.