MEXICALI, B.C., A VIERNES 18 DE JULIO DE 2008.- “La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como sujetos de derechos, independientemente de su edad, estado civil, profesión, religión, origen étnico, condición social y en otras circunstancias en las que se puedan encontrar en desventaja”, reconoció la Directora del Instituto de la Mujer en Baja California (INMUJER), Mayté Aguilar Cruz.

Lo anterior al recordar que el pasado 25 de junio pasado se publicó en el periódico Oficial del Estado de Baja California la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el tomo CXV N° 29.

La Directora del Inmujer señaló que la aprobación de esta Ley en el Estado y su publicación son importantes para obtener acceso a los recursos federales aplicables al Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género.

“Estos recursos son importantes pues permitirán generar acciones y estrategias de combate a la violencia con cobertura estatal y municipal”, expresó.

Indicó que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya que es una ofensa a la dignidad y una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, por lo que en dicha Ley se reconocen los tipos de violencia en el ámbito familiar, laboral, docente, psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, de los cuales las mujeres son víctimas.

Aguilar cruz enfatizó que la creación de un Sistema Estatal para la prevención de violencia contra la mujer, conformado por la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado, DIF, Secretaría de Educación , Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California y los Municipios, permitirá dar mayor seguridad a las mujeres en lo que son las órdenes de aprehensión y prever la seguridad de las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia, donde el Estado impulsará la implementación de refugios, con la perspectiva de género.

Informó que al Instituto de la Mujer le corresponde establecer las políticas publicas en materia de violencia de género en el Estado, coordinándose para tal efecto con todas las dependencias, entidades y unidades administrativas de la administración pública estatal y municipal y en concordancia con la política nacional respectiva; desarrollando entre otras facultades las siguientes:

Diseño de la política transversal en el Estado para que todas las dependencias del gobierno estatal y municipal adopten la perspectiva de género; Orientación y asesoría a las demás autoridades integrantes del sistema estatal en la elaboración del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como fungir como secretaría ejecutiva del sistema estatal para prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a través de su titular.

Además registrar los programas y modelos estatales de prevención, sanción y erradicación de la violencia y los subprogramas en coordinación con las dependencias, entidades y unidades administrativas de la administración pública estatal y municipal, representar al Estado en el Sistema Nacional e Integrar el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres.

Asimismo solicitar a las dependencias de la administración pública del Estado y a los municipios la información estadística correspondiente, Impulsar la armonización normativa y judicial en materia de violencia de género en concordancia con los instrumentos internacionales y nacionales, Evaluar la aplicación de la legislación sobre violencia de género en el Estado buscando la armonización, vinculándose con el Poder Legislativo estatal y con los municipios.

Integrar las investigaciones de las dependencias de la Administración Pública Estatal sobre causas, características y consecuencias de la violencia de género publicando los resultados de las mismas, Establecer los indicadores para la evaluación de la administración pública estatal y sus servidores públicos en materia de discriminación y violencia de género e Impulsar la creación de unidades especializadas en la atención y protección a niñas y mujeres víctimas.