La creación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue una demanda de la sociedad, acuerdos entre legisladores y el Ejecutivo Estatal que lo promovió con un grupo de legisladores de la XIX Legislatura.

La Ley que entró en vigor con la publicación del decreto 455 en el Periódico Oficial, es resultado de las diferentes propuestas que estudiaba el Congreso Local y tiene como objetivo transparentar la información pública mediante la difusión del a información completa y actualizada que genera.

Además que garantiza la protección de datos de los sujetos obligados y una oportuna rendición de cuentas a la ciudadanía, a través de la generación y publicación de información de indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna.

Son sujetos obligados a esta Ley: el Poder Ejecutivo, los Ayuntamientos, el Congreso del Estado, el Poder Judicial y los organismos autónomos como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Instituto Estatal Electoral y todos los de esa naturaleza.

Esta nueva Ley abroga la Ley de Información Pública para el Estado de Baja California con fecha del 12 de agosto de 2005, y permitirá que los procedimientos de solicitud y entrega de información sean mucho más breves.

Los trámites de demandas y acceso a la información serán gratuitos salvo los costos que establezca La Ley de Ingresos y las dependencias estarán obligadas a designar las Unidades de Transparencia 30 días después de la publicación del reglamento, que podrá publicarse en los seis meses siguientes de publicación de la Ley.

Con la Ley los sujetos están obligados a informar entre otras cosas de: Indicadores de gestión, Estructura de gobierno, Información curricular de los servidores públicos, Servicios que se ofrecen, Trámites, Presupuesto y su gasto, Proveedores, Montos asignados a programas sociales, Contratos, Salarios, entre otros temas.