Exposición de motivos

La criminalidad y la manifestación de su violencia lesiona no solo el patrimonio y la integridad física de las personas, sino que también repercute gravemente en la descomposición del tejido social, conlleva a la pérdida de una cultura cívica y a la degradación de los valores éticos y morales; deteriora el estado de derecho, amenaza a nuestras instituciones democráticas, y disminuye el potencial de crecimiento social y económico del Estado.

Poner un freno a la delincuencia y a la violencia requiere necesariamente de la suma de voluntades y la determinación de los tres órdenes de gobierno para combatir el crimen, y castigar sin titubeos y con todo el peso de la Ley a los delincuentes.

Por ello, hoy más que nunca, la lucha por la seguridad de los bajacalifornianos es una causa en la que nadie debe quedar al margen, es necesario continuar con el fortalecimiento institucional, enfrentar juntos este problema común que reclama la atención y la responsabilidad de todos.

La firmeza, el compromiso y la voluntad determinante de combatir el crimen, prevenir el delito y recuperar los espacios ciudadanos es algo que ha distinguido y distingue a los bajacalifornianos, sin ellos, hubiera sido imposible contemplar siquiera la posibilidad del éxito en este tema que aun lacera y quebranta la tranquilidad de este gran Estado.

Para Baja California la seguridad pública es parte esencial de su crecimiento, desarrollo y bienestar de quienes aquí radicamos, asumimos que no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas; nos exige la articulación y coordinación de todas las instituciones de gobierno, por ello, la visión para lograrla debe ser necesariamente una visión común, integral e incluyente, incluso con la misma sociedad.

Así pues, es necesario continuar construyendo precedentes nacionales al actuar con la unidad y coordinación necesaria y revirtiendo paulatinamente la tendencia delictiva que durante años caracterizó a esta Entidad, como queda asentado en los siguientes:

Antecedentes

A finales de 2007, la problemática delictiva de la Entidad se distinguía por su situación crítica caracterizada por los delitos de alto impacto, resultados en su mayoría por la operación de bandas criminales de delincuencia organizada, identificándose claramente los siguientes aspectos:

Elevados niveles de violencia. Durante 2006 y 2007, el crimen había incrementado su capacidad de fuego y de organización, desarrollando un esquema estructurado de operación.

Impunidad. La impunidad con que durante mucho tiempo actuaron los criminales, fue un incentivo para el crecimiento de la delincuencia.

Criminales organizados con control territorial y poder de intimidación. Su fuerza se basó en la intimidación a la comunidad y hacia grupos delictivos contrarios a través de la violencia extrema de sus actos delictivos, así como a la cooptación e infiltración dentro de las Instituciones Policiales.

Rezago institucional. Un número importante de las policías preventivas de los municipios del Estado padecían un importante rezago estructural y operativo, circunstancia que propicia y favorece la infiltración y corrupción por la delincuencia.

La falta de resultados satisfactorios contra el fenómeno delincuencial, así como el fenómeno de la corrupción, arrojaron como saldo la desconfianza y el descrédito ciudadano en los policías, ministerios públicos, peritos y autoridades del sistema de justicia penal.

Ante esta perspectiva, se asumió como altísima prioridad la responsabilidad y la determinación de garantizar el orden y la plena convivencia social de los bajacalifornianos, combatiendo de manera conjunta y coordinada el lastre social de la delincuencia, por ello, en octubre de 2007 se firma el Acuerdo de Coordinación entre el Gobernador y los Alcaldes electos en materia de seguridad pública.

Bajo esta alianza, se establecieron los siguientes acuerdos: I.- Visión única de seguridad pública, II.- Adecuada selección de mandos, III.- Depuración de los cuerpos policiacos, IV.- Una sola Academia de Policía, V.- Planes estratégicos conjuntos, VI.- Coordinación policial efectiva y medible, VII.- Programas sociales preventivos de fuerte impacto, VIII.- Inversión racional de los recursos FOSEG, IX.- Reunión con organizaciones sociales, y X.- Sistemas y control de mando eficientes

No se han escatimado esfuerzos ni voluntades en el enfrentamiento de estos desafíos, sin embargo, debemos reconocer que los resultados hasta hoy obtenidos no han sido aun suficientes para garantizar la seguridad ciudadana que demandan en su justo derecho los bajacalifornianos, por ello y para seguir combatiendo contundentemente al crimen, sus orígenes, y sus estructuras, es necesario seguir sumando y redoblando esfuerzos que se traduzcan en acciones integrales de combate al crimen, prevención de delito, atención de factores de riesgo, de educación, salud y de desarrollo social.

Por lo antes expuesto y dimensionado en su valor la alta responsabilidad y confianza que los ciudadanos de Baja California nos han otorgado para trabajar de manera planeada y contundente por la seguridad pública de esta Entidad, el Gobierno del Estado, en coordinación con los Alcaldes electos, suscribimos el siguiente Acuerdo de Coordinación con base en los siguientes:

Considerandos

I. Que para un COMBATE EFECTIVO AL CRIMEN es necesario seguir fortaleciendo la coordinación efectiva de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas de México.

II. Que la PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, son la base que consolidará la seguridad pública, por lo que las políticas públicas para el combate a la delincuencia deben consolidar su tránsito de un modelo meramente reactivo hacia un modelo preventivo, basado en evitar y atender los factores que originan la criminalidad, por lo que es necesario continuar fortaleciendo programas y espacios en donde la sociedad, los organismos públicos, sociales y privados, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, podamos trabajar de manera conjunta, uniforme y homologada en las estrategias trazadas para estos esfuerzos.

III. Que para lograr el cambio estructural de las Instituciones Policiales resulta imperioso impulsar la consolidación del SISTEMA DE DESARROLLO POLICIAL para el establecimiento de la carrera policial, fortalecimiento profesional, controles efectivos anticorrupción, y la evaluación y certificación de los miembros de las instituciones policiales.

IV. Que la PROCURACIÓN DE JUSTICIA además de accesible a todos, debe de encontrarse con mejores formas para hacerla un instrumento eficaz y eficiente para garantizar la paz social.

V. Que la integración y el acceso oportuno y veraz de las Instituciones Policiales a los SISTEMAS DE INFORMACIÓN de seguridad pública, permite un mejor ejercicio de las funciones de seguridad pública y eficaz combate al crimen, por lo que es necesario consolidar la integración y los accesos al Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública y de Plataforma México.

VI. Consolidar el programa integral de REINSERCIÓN SOCIAL, fundamentado en un modelo de tratamiento eficaz y en la dignificación penitenciaria.

Por lo anteriormente expuesto, se acuerda:

En materia de Combate al Crimen:

I. Un Programa único de Seguridad Pública. Una sola visión y misión común en materia de seguridad pública centrada en el objetivo de consolidar la interacción y coordinación de las Instituciones Policiales para proteger y servir a los ciudadanos, transformar su capacidad y operatividad hacia una dimensión más científica, en donde se desarrollen bajo los criterios de inteligencia, efectividad y productividad en el desempeño de sus competencias, la prevención social del delito, el combate a la corrupción, los mecanismos de planeación, reclutamiento, selección, capacitación y actualización y evaluación de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública.

II. Establecer una Estrategia única para el Combate al Crimen. Una sola estrategia de combate al crimen, que contemple la continuidad de la coordinación operativa y la aplicación conjunta de sistemas de información e inteligencia, acorde a la realidad delictiva de cada municipio, estableciendo metas y acciones específicas sujetas a evaluación y medición, considerando, entre otras, la determinación de metas y la evaluación de las mismas en el tema específico de la incidencia delictiva a través de un tablero de control, Resultados de las Instituciones Policiales y el Combate a la Corrupción.

III. Sistema de Interconexión para la Inteligencia Policial. Consolidar la aplicación de Sistemas de Información como acción permanente de las Instituciones Policiales, a través de la operación de las Unidades de Análisis de Información, la aplicación del Informe Policial Homologado, la Interconexión a Plataforma México, el Registro Administrativo de Detenciones, y el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública.

IV. Coordinación Efectiva para la Atención de Emergencias y Denuncias Ciudadanas. Consolidar el Servicio de Asistencia Telefónica, brindando una atención oportuna y eficaz mediante la reducción de los tiempos de respuesta de las Instituciones Policiales y sus Auxiliares a las llamadas de emergencia que la ciudadanía reporte al 066, evaluando la prestación de este servicio a través del tablero de control respectivo.

Así mismo, consolidar el Servicio de Denuncia Anónima, atendiendo de manera expedita y eficaz las denuncias canalizadas a través del Centro Estatal de Denuncia Anónima, así como coadyuvar en la difusión de la cultura de la denuncia ciudadana como un medio eficaz en el combate a la inseguridad pública.

En materia de Combate a la Corrupción:

V. Realizar una Adecuada selección de Altos Mandos, Mandos Superiores y Mandos Medios. La selección de mandos se basará en los resultados de los procesos de evaluación de control de confianza que lleven a cabo las Instituciones Federales correspondientes, así como el centro estatal de evaluación y control de confianza según corresponda, y en el cumplimiento de los criterios profesionales establecidos por los cinco Ayuntamientos y el Gobierno del Estado.

VI. Combate a la Corrupción de las Instituciones Policiales. Para contar con corporaciones confiables y depuradas, es necesario el seguimiento puntual a la actuación de los servidores públicos, consolidar la aplicación de los procesos de control de confianza y la certificación de la confiabilidad de sus Miembros a través del Centro Evaluación y Control de Confianza, según las disposiciones del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Así mismo, continuar consolidando las estrategias del Sistema Integral para el Combate a la Corrupción: 1) Reclutamiento y selección rigurosa de aspirantes a las Instituciones Policiales, 2) fortalecimiento de los órganos de control interno, 3) Consolidación de la homologación de criterios relacionados con el régimen disciplinario, el intercambio de información y la aplicación de medidas preventivas y correctivas a través de la Red Jurídica Estatal, 4) Evaluación de los Miembros en procesos de control de confianza, y 5) Continuar la coordinación entre las Instituciones Policiales para la depuración policial permanente.

VII. Seguimiento a Depurados. Establecer las estrategias y acciones necesarias para el seguimiento a Miembros y personal depurado de las Instituciones Policiales, que permitan llevar a cabo acciones inmediatas en la prevención de actos delictivos.

VIII. Aplicación irrestricta del Régimen Disciplinario para que ninguna conducta ilícita o infractora que cometan los Miembros de las Instituciones Policiales quede impune.

En materia de Formación y Desarrollo Policial:

IX. Formación de los Miembros de las Instituciones Policiales. El Reclutamiento, la Selección y la Formación Inicial de los Miembros de las Instituciones Policiales de la Entidad, será llevado a cabo por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California, bajo los criterios y lineamientos del Programa Rector de Profesionalización y el Sistema de Desarrollo Policial.

X. Profesionalización de los Miembros de las Instituciones Policiales. Impulsar la profesionalización de los miembros de las Instituciones Policiales, adoptando Programas de Formación Continua, de Educación y de nivelación académica.

XI. Consolidar el Nuevo Modelo de Desarrollo Policial. La suma de las funciones de prevención, investigación y reacción, la aplicación del Modelo Terciario para enfrentar el fenómeno delictivo, así como la homologación de procedimientos operativos potenciarán las capacidades de despliegue territorial de las Instituciones Policiales, mediante el uso de información de inteligencia que focalice las zonas y puntos estratégicos de patrullaje y de operaciones específicas, además de desarrollar capacidades de análisis y procesamiento de información para combatir al crimen.

XII. Nuevo Sistema de Justicia Penal. Impulsar en los ámbitos de competencia correspondientes, la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como la capacitación de los miembros y el personal de las Instituciones Policiales.

En materia de Prevención del Delito y Participación de la Comunidad:

XIII. Establecer una Estrategia única para la Prevención del Delito. Atender conjuntamente, a través de la Estrategia Preventiva de Seguridad Integral, los factores de riesgo que presenten los niños y jóvenes de Baja California, así como las necesidades de prevención social del delito, con el fin de focalizar los diferentes programas que en materia de desarrollo económico, educativo, familiar, social, humano y de seguridad pública contempla la oferta de las instituciones federales, estatales y municipales, alineando armónicamente todos los esfuerzos a las zonas más prioritarias, potencializando los resultados y atendiendo de manera más contundente los factores que vulneran a las personas, a los centros educativos, a las familias y su comunidad.

Porque tenemos la convicción y el compromiso de no ceder, de no dar un paso atrás en el esfuerzo conjunto de abatir la inseguridad, y porque de ninguna forma vamos a transigir ni a escatimar recursos o voluntades para lograr los resultados y la convivencia social que nos demandan y esperan los habitantes de este Estado; el día de hoy suscribimos el presente Acuerdo de Coordinación en la Ciudad de Mexicali, Baja California, al 16 de noviembre de 2010.

Lic. José Guadalupe Osuna Millán

Gobernador Constitucional de Baja California

Lic. Francisco José Pérez Tejada Padilla

Presidente Electo de Mexicali Lic. Carlos Walterio Bustamante Anchondo

Presidente Electo de Tijuana

Lic. Enrique Pelayo Torres

Presidente Electo de Ensenada

Lic. Javier Ignacio Urbalejo Cinco

Presidente Electo de Tecate Lic. Javier Robles Aguirre

Presidente Electo de Playas de Rosarito