• Habló también sobre el trabajo que desarrolla Contraloría del Estado, ante miembros del Grupo 21.
ENSENADA, B.C., A MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2011.- El Contralor del Estado, Edgardo Contreras Rodríguez, estuvo como invitado del Grupo 21, ante quienes habló sobre los logros de la Administración Estatal en este 4to año de gobierno y de las funciones que realiza su dependencia.
En la plática destacó los avances que ha habido en el Estado desde el 2008 sobresaliendo salud, seguridad e infraestructura.
"No ha habido un sólo ámbito en el que no se hayan obtenido buenos frutos hemos mejorado en educación y en deporte, hemos apostado por una agenda verde la cual ya está despuntando", agregó Contreras Rodríguez.
En cuanto a la contraloría indicó que el trabajo que se desarrolla es de revisión de cuenta pública, de auditoria, de fiscalización de obra y hasta este momento los resultados han sido muy aceptables, no existen sospechas de algún tipo de corrupción, salvo aspectos muy localizados.
En el último año se han sancionado alrededor de 50 servidores públicos, la mayoría por no presentar a tiempo su declaración patrimonial, quienes han sido sancionados con una amonestación pública.
Han sido inhabilitados alrededor de 15 empleados de gobierno, el motivo fundamental ha sido por no presentar a tiempo su declaración patrimonial cuando han reincidido y en algunos casos se han suspendido por una probable disposición irregular de un bien del estado, ya sea financiero o material.
El funcionario estatal declaró en cuanto al próximo proceso electoral que se ha advertido a todos los servidores públicos que deberán abstenerse por completo de usar algún recurso del estado con fines proselitistas, ya sea vehiculo, dinero, teléfonos, oficinas o tiempo que le debe al estado.
“Tenemos una coordinación con la Fiscalía de Atención para Delitos Electorales (Fepade), con la cual estamos desarrollando talleres de capacitación, de información a los servidores públicos, para que sepan el riesgo que tienen de usar recursos del Estado para un fin político”, dijo el contralor del Estado.
En caso de que existiera una conducta de este tipo sería un delito federal, que se canalizaría a la Fepade; las sanciones van desde una amonestación hasta la perdida de la libertad, dependiendo de la gravedad, finalizó Contreras Rodríguez..