MEXICALI, B.C. A LUNES 05 DE DICIEMBRE DEL 2011.- Como irresponsables calificó el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Francisco Antonio García Burgos, las declaraciones del dirigente sindical, Ricardo Medina Fierro al hacer referencia al Gobernador del Estado.
Esto, luego que el dirigente estatal de los burócratas en Baja California publicara un desplegado respecto a la iniciativa de reforma a la ley del Servicio Civil, que presentó el Gobernador apoyada por los cinco alcaldes al Congreso del Estado.
Francisco García Burgos exhortó al dirigente sindical a no generar confusión en la opinión pública. Reiteró la invitación a la dirigencia sindical a analizar con responsabilidad y detenimiento dicha iniciativa ya que no es violatoria de los derechos humanos o laborales de la burocracia como lo ha externado la dirigencia sindical y tampoco es anticonstitucional.
El Oficial Mayor explicó que la intención del Gobernador, José Guadalupe Osuna Millán al presentar la iniciativa para modificar la Ley del Servicio Civil es con la responsabilidad y compromiso ante la ciudadanía que se tiene de administrar los recursos públicos.
Agregó que el Ejecutivo Estatal ejerció su facultad de presentar iniciativas de ley ante el Congreso del Estado, proceso con el cual debe iniciar una discusión entre los líderes del estado, incluidos los sindicales.
“Hasta ahora, los dirigentes del sindicato de burócratas han rehuido este análisis responsable y serio de la iniciativa, optando por sus ya conocidas prácticas de los gritos y sombrerazos, en lugar de la práctica civilizada del diálogo y el acuerdo”, declaró el Oficial Mayor.
Añadió que de ninguna manera, dicha iniciativa quebranta las condiciones generales que rigen a los trabajadores actuales, tan es así, que absolutamente ninguno de sus derechos adquiridos se verán modificados, y amplió, que tampoco se pretende reducir el número de plazas que actualmente se encuentran basificadas como señala dolosamente el dirigente estatal de la burocracia.
Respecto a lo puntos que la dirigencia sindical cuestiona en su desplegado, el Oficial Mayor aclaró de uno por uno:
Que la revisión de las condiciones generales de trabajo se lleven a cabo cada tres años. García Burgos explicó que se pretende homologar la Ley de Servicio Civil a la Ley Federal que rigen a los propios burócratas de la federación.
Crear una comisión mixta para asignar las bases. El Oficial Mayor aclaró que al referirse a “mixta” se refiere que tanto el gobierno como el sindicato son parte de la comisión.
Se considera como personal de confianza a los que hoy son de base. Reiteró, que nuevamente se aclara, que la iniciativa no pretende reducir ninguna plaza actual.
“Dicho de otra manera, quien tiene su base actual no la pierde, ni la perderá, ni tampoco sus derechos, ni prestaciones actuales”, señaló.
Aumentar las causas para romper la relación laboral sin la liquidación que marca la ley. García Burgos esclareció que lo que se pretende en este punto, es adaptar la Ley de Servicio Civil a la Ley Federal de Trabajo convirtiéndose en causales de rompimiento las mismas que son para cualquier trabajador de cualquier empresa; como la de faltar 3 días consecutivos en 30 días sin justificación alguna, ejemplificó.
Suprimir las plazas laborales sin el pago respectivo. “La actual iniciativa, en ningún momento pretende suprimir relaciones laborales sin el pago correspondiente al que tiene derecho un empleado”, puntualizó el Oficial Mayor.
Rescindir los contratos laborales por incapacidad por accidentes fuera de las horas laborales. Comentó que de la misma manera que el punto anterior, se pretende adaptar las Ley federales.
El Oficial Mayor mencionó que de no actualizar y ordenar el procedimiento de las contrataciones de personal a las circunstancias actuales, las afectaciones serán a futuro para las próximas administraciones públicas, para la ciudadanía y entonces sí, para el propio personal sindicalizado actual.
García Burgos concluyó recordando que el Gobernador, Osuna Millán, ha manifestado que la iniciativa de reforma no es contra el sindicato, al contrario, es para proteger las finanzas de los ayuntamientos.
“De no hacer algo al respecto, en el mediano plazo, puede ocurrir que el 100 por ciento del gasto público, será para los empleados, lo que dejaría imposibilitado a los gobiernos para cumplir con su primordial función que es prestar servicios públicos a la ciudadanía”, indicó García Burgos