A pesar de que el asunto no ha tocado la última instancia, Enrique Pelayo ya lo da por ganado y como siguiente paso, en lugar de buscar el cierre de una empresa construida sobre una presunta ilegalidad, reconoce su importancia para la economía de la región por lo que está dispuesto a aceptar un acueducto para la ciudad.

Lo que plantea el presidente municipal es ejercer pública y abiertamente la extorsión a una empresa trasnacional, al menos así lo define la Real Academia Española de la Lengua.

Extorsión: Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho.

En seis meses termina el mandato de Pelayo y de lograr ese acueducto, podría pasar a la historia como el alcalde que resolvió uno de los problemas más serios que enfrenta la ciudad.

Aun así, esta acción es reprobable para una buena parte de los ensenadenses.

Por los tiempos que toma la justicia en este país se antoja imposible que se agoten las instancias antes del 1 de diciembre, así que lo más probable es que a la larga lista de calificativos que conforman la fama pública del ahora alcalde, se agregue también el de extorsionador, al menos en grado de tentativa.