En más de una ocasión se ha relatado sobre lo absurdo e indignante que resulta el hecho de que una comunidad, cuyos orígenes se encuentran en actividades relacionadas con el mar, carezca de una relación cordial y amable con las autoridades que controlan el puerto y todo lo que sucede dentro de él.

Asuntos de seguridad nacional, dicen y cierran los accesos a quien pueda tener interés.

Cabe recordar que las APIs son un invento político administrativo que se dio en el sexenio de Carlos Salinas con un fin privatizador, como todo lo planteado por el tristemente célebre grupo de tecnócratas que gobernó el país en esa época.

Con la bandera monumental y el andador ventana al mar, Zedillo logró acercar a la gente y generar espacios de valor turístico, pero de la actividad primaria ni hablar. El sitio oficial de la API Ensenada no deja espacio a la duda al señalar que: “Desde 1996 la totalidad de los servicios portuarios son prestados por la iniciativa privada, cumpliendo con los propósitos de modernidad planteados a partir de la Ley de Puertos.”

Lo paradójico es que otros países, con modelos económicos sostenidos en mayor medida por operación de capital privado, las actividades portuarias se integran de manera armónica a otros quehaceres económicos sin que exista conflicto.

Es probable que buena parte del problema esté en la extensa colección de funcionarios “más papistas que el Papa”, concentrados en seguir instrucciones pero incapaces de plantear soluciones alternas que logren expandir el beneficio de la actividad portuaria, ahora, concentrada en unos cuantos.

El asunto de los pescadores que se manifiestan se atiende desde una perspectiva política y se trata de mostrar como un hecho aislado, pero en realidad es sólo la punta del iceberg. Un gobierno que no privilegia la capacidad del desarrollo económico de su pueblo, especialmente en actividades primarias, no merece estar al frente de la toma de decisiones que en mayor o menor medida nos afectan a todos.