El director de la Cespe, Arturo Alvarado González, explicó que, derivado de las denuncias relacionadas con este delito, la paraestatal creó un departamento exclusivo para atender quejas. Está compuesto por técnicos, abogados y personal administrativo.

“Lamentablemente estamos encontrando a muchas personas conectadas clandestinamente, hay muchos que burlan el medidor, otros que quitan el medidor, otros que se conectan a la brava. Estoy hablando de uso doméstico y comercial”, indicó el funcionario.

En lo particular, en el fraccionamiento Villas del Roble intervinieron a más 300 familias conectadas de manera indebida mientras que en otros puntos de la ciudad encontraron plazas comerciales completas que evaden el pago del servicio.

Las tomas clandestinas de agua son difíciles de detectar pero el personal funciona a través de denuncias ciudadanas. Hay casos en que algunas viviendas tienen “toda la vida” robando el agua.

“Aprovechamos para decirle a los ciudadanos que quien sepa en dónde se están robando el agua lo denuncie, porque no solo nos perjudica a nosotros, perjudica a todos. Es decir, por la situación tan cŕitica que hemos vivido este año con la escasez, !no podemos permitir!”, agregó.

Alvarado González detalló que esta anomalía se ha detectado tanto en zonas habitacionales consideradas de pobreza extrema como en fraccionamientos de viviendas con un alto valor en el mercado.

Sobre los casos de reincidencia que se han presentado, mencionó que existen evasores que se reconectan al siguiente día de que sus tomas fueron canceladas por inspectores de la Cespe.

Lo que hacemos, dijo el director, es tapar con cemento el registro para que no vuelvan a extraer el agua, pero hay quienes han vuelven a quebrar el concreto y en esos casos es necesario clausurar la toma desde la calle.

Los usuarios que comenten este delito se hacen acreedores a una multa por diez salarios mínimos lo que significa alrededor de 700 pesos.

Con la finalidad de reforzar las atribuciones de la Cespe, en este momento trabajan con la Procuraduría Fiscal y Secretaría General de Gobierno en una propuesta de reforma a la ley.