En tanto CANACINTRA advirtió públicamente como el Ayuntamiento y en específico el alcalde Armando Ayala Robles, ha puesto en peligro la movilización de contenedores, principalmente de alimentos, procedentes de cuatro estados del Noroeste de México al pretender la clausura de TP Intermodal, una empresa de logística naviera que es acosada por un grupo de chantajistas asociados a funcionarios del gobierno.

Este miércoles la empresa TP Intermodal impidió que sus instalaciones fueran clausuradas por el municipio tras un conflicto que ha crecido en los últimos meses entre vecinos de Vista al Mar, una colonia que desarrollada entre El Sauzal y San Miguel en ha competido con los espacios de antiguas empresas pesqueras y terrenos de la Administración Portuaria Integral, rentadas o usadas como pensiones de camiones de carga.

Según Ayala desde que inició su gestión al frente del XXIII Ayuntamiento se trabaja en la atención de denuncias contra empresas que están asentadas de manera irregular en El Sauzal.

“Hasta el momento se han clausurado actividades en Transportes de Carga Santa Lucía S.A. de C.V., y en una pensión de pangas; solicitamos una opinión jurídica respecto a un cuarto frío y bodegas de almacenamiento; se inició el retiro de un taller de reparación de plataformas y esta semana se desarrollarán diversas inspecciones en predios denunciados por residentes de Vista al Mar”, expresó.

Por su parte Jorge Medina, representante local de la firma, dijo que el intento de clausura por parte del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, obedece a presiones de cuatro vecinos, uno de ellos recién llegado a la casa que fue residencia de Abelardo L. Rodríguez, que busca alterar la dinámica industrial del Sauzal de Rodríguez, una villa pesquera a siete kilómetros al norte de esta ciudad.

La villa pesquera de El Sauzal fue fundada por Abelardo L. Rodríguez, paradójicamente, como una zona donde los lugareños procesaban productos del mar y durante las últimas décadas, evolucionó como un centro logístico de alta especialidad que atiende carga contenerizada de cuatro estados del norte de México, facilitando el acceso al mercado internacional, justo como fue el espíritu del General Rodríguez, una región próspera que diera salida a los productos pesqueros.

El acoso a la empresa surgió después de la venta de esa casa, con la complicidad de un abogado activista con conexiones en la Secretaría General de Gobierno de Baja California, que con engaños hicieron creer que ellos harían un desarrollo turístico, aunque se encuentre rodeado de una zona industrial.

La empresa cumple ya más de cinco años ininterrumpidos de realizar servicios de logística de carga en El Sauzal y es clave en la movilización de 36 mil toneladas anuales de productos perecederos de exportación y mueve más de 12 mil contenedores al año en sus instalaciones, aprovechando la ubicación estratégica de Ensenada.

Según el pretexto del Ayuntamiento la empresa no cuenta con Licencia para operar, pero le fue otorgada la factibilidad de uso de suelo desde hace cinco años que realiza operaciones y además renta un espacio que es propiedad de la Administración Portuaria Integral, facilitadora de diversas operaciones que realizan las empresas relacionadas a los servicios portuarios.

El alcalde de Ensenada toma una decisión equivocada, dijo el empresario que cuenta con el respaldo de la Cámara de la Industria de la Transformación, de la del Autotransporte y de la Cámara Pesquera de Baja California, porque representa un puente indispensable para la colocación de mercancías en el mercado externo.

El Ayuntamiento podría romper la cadena de suministros del clúster logístico portuario en Ensenada, sin la menor idea del impacto que ocasionan a la economía y el empleo de decenas de empresas y miles de trabajadores, un sector que hasta ahora se había salvado de paralizar actividades por causa de la pandemia de COVID-19.

Medina confió que el alcalde se tome unos minutos de su tiempo para conocer las características de operación de la empresa y de su significado en la Logística industrial, pesquera y naviera de Ensenada.

Medina hizo un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a Dirección General de Puertos y Marina Mercante para que intervengan ante el caos que pudiera originarse en las actividades navieras del Puerto de Ensenada si TP Intermodal suspende actividades y "se derrama" la carga de contenedores, entre cuyos afectados se encuentra la terminal de contenedores, además de los Estados y actividades citadas.

Al alcalde Ayala le pidió revisar en los archivos de Desarrollo Urbano municipal la factibilidad de uso de suelo con que cuenta TP Intermodal y las otras diez empresas que se encuentran alrededor de la casa del General Rodríguez, en una villa pesquera, con uso industrial y sin ninguna opción para actividades turísticas.

Defienden la empresa

Ayer por la noche, un numeroso grupo de vecinos del Sauzal de Rodríguez se aportaron en varios puntos dentro y aledaños a las oficinas, para protestar con mantas y consignas por el pretendido cierre de la empresa, la que dijeron, ha mantenido una relación de armonía con la población durante más de cinco años y de la cual dijeron, dependen casi cien empleos directos y al menos 300 mil indirectos.

Sin embargo, Ayala Robles recalcó que la indicación es clara “no se va a permitir más desorden aseverando que no tiene compromisos con nadie y afectar a nadie, simplemente otros gobiernos dejaron crecer el desarrollo urbano sin control y hoy estamos pagando las consecuencias”.

Continúa procedimiento legal contra TP Intermodal

Por su parte, Héctor Villalobos Buelna, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, subrayó que este día, el representante legal de la empresa TP Intermodal S. A. de C. V., se negó a la diligencia a cargo del personal de la dirección que encabeza.

Incluso colocaron un contenedor al ingreso de sus instalaciones para evitar la clausura.

Precisó que la actuación consistente en clausura temporal por falta de licencias de operación, y ante la negativa de parte de la empresa de atender la diligencia señalada, se solicitará el auxilio de la Fuerza pública para efecto de dar seguimiento al procedimiento legal, a fin de concretar la suspensión de actividades.

Comentó que no se encontró evidencia de que la empresa cuente con dictamen de uso de suelo, así como tampoco licencia de construcción, operando hasta el momento fuera del marco legal que establece la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, así como el Reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Ensenada, Baja California.