La carta indica:

El 15 de enero de 2020, un Tribunal Federal mexicano otorgó una medida cautelar a favor del “Complejo Turístico y Residencial Bajamar” contra la autorización para la construcción y operación de una planta de Licuefacción de Gas Natural otorgada a la empresa “Energía Costa Azul, S. de RL de CV.

Bajamar fue autorizado desde 1974 y construido en el corredor escénico de Ensenada, destinado desde entonces a un uso exclusivamente residencial turístico, que entre sus propietarios y usuarios cuenta con una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses que han creído que nuestras leyes, reglamentos y regulaciones administrativas les garantizarán su inversión y la calidad de vida que han venido a buscar en México.

No obstante lo anterior las autoridades mexicanas hace más de 10 años, en circunstancias muy vagas y contrarias a la legislación y normatividad vigentes, entre ellos, el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (COCOTREN) autorizaron a Energía Costa Azul la construcción y operación de una Planta de Vaporización de Gas en terrenos aledaños al complejo Bajamar, misma que actualmente se encuentra en funcionamiento y operando a pesar de la constante e ininterrumpida oposición de quienes residimos en las inmediaciones de la mencionada planta.

A pesar de que los vecinos de Bajamar y otras comunidades aledañas a la planta han dicho constantemente a las autoridades que las actividades industriales son contrarias a las permitidas en la zona, la historia parece repetirse una vez más, porque Energía Costa Azul pretende iniciar la construcción de una planta de Licuefacción de Gas Natural, lo que implica ampliar a más del doble el tamaño actual de las instalaciones, y construir nuevas terminales de almacenamiento de gas, incluyendo la construcción y operación de una nueva central eléctrica para el suministro exclusivo de la Planta.

Los vecinos, propietarios y usuarios del complejo Bajamar han condenado, una y otra vez, que Energía Costa Azul había estado reteniendo de manera consistente y sistemática información crucial a las autoridades mexicanas para obtener la autorización para la construcción de la planta, porque en las solicitudes presentadas, toman como punto de partida que las instalaciones actuales, y las que pretenden construir, están muy alejadas de las zonas residenciales, omitiendo a propósito la existencia de Bajamar.

Pese a la existencia de la medida cautelar, contra la autorización para la construcción y operación de la planta de Licuefacción de Gas Natural, el próximo domingo Energía Costa Azul pretende realizar un referéndum ilegal en Ensenada con el fin de presionar a las autoridades locales y continuar la construcción de la planta, olvidando que en un Estado de Derecho la aplicación de la ley no está sujeta a votación, pues es la ley la que garantiza los derechos de cada habitante y pretender que quienes no sufren las consecuencias de la vecindad con Energía Costa Azul decidan si se aplica o no la ley y normatividad que protege los derechos de quienes sí han sido víctimas de aquellos que de manera sistemática, reiterada y constante la han violentado en su perjuicio, no sólo es absurdo, sino peligroso para aquellos que, por no tener una afectación directa por dicha violación, no toman conciencia que cuando sean sus derechos los que estén a discusión, serán otros, ajenos a los intereses tutelados por la norma, quienes podrían decidir si deben o no ser protegidos por la ley.

Un hecho sumamente trascendente, y de ahí la importancia de esta denuncia pública, es que Energía Costa Azul es una empresa subsidiaria de IEnova, una empresa de Sempra Energy, muy reconocida con sede en San Diego, California, que se supone persigue el bienestar de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses.