En un comunicado del Congreso del Estado se informó que ante esto, la Legisladora perteneciente al grupo parlamentario del PRI comentó que si bien este problema es de índole federal, existe la disposición de los integrantes de la bancada priista en el Congreso del Estado para apoyar a los pescadores.

La reunión tuvo verificativo en un restaurant del puerto y entre los asistentes estuvo el pescador José Antonio López Ríos, quien denunció formalmente ante la Procuraduría General de la República el caso de extorsión de que ha sido víctima por parte de los funcionarios federales.

Además estuvieron presentes Ramón Francisco, Secretario de la Federación de Pescadores, Rafael Navarro, Presidente del Consejo de Desarrollo Económico de San Felipe y el grupo de pescadores que aseguraron ya no aguantar este problema que tiene más de cuatro años y que los ha dejado en un estado de total indefensión, pues se ven obligados a pagar una cuota con tal de subsistir.

Los presentes coincidieron en que los inspectores de PROFEPA, que fueron identificados como Felipe Rubio, Enrique Sánchez y uno del que sólo saben que le apodan “El Pecas”, les pidieron inicialmente 400 pesos a cambio de avisarles en que lapso de tiempo podían pescar sin ser molestados, pero la “cuota” se ha incrementado paulatinamente hasta alcanzar la cifra de 1 mil 500 pesos.

Los que no pagan, explicaron los pescadores, son alcanzados por los empleados de PROFEPA, los que les decomisan los chinchorros, cuyo valor es de 20 mil pesos cada uno y cada embarcación lleva dos de ellos, además del producto pescado.

Sin embargo, a pesar de que existe un procedimiento administrativo para que les sean devueltos los aperos de pesca, se ignora a donde van a parar, pues nunca les son devueltos debido a que no aparecen por ningún lado.

En cuanto a la especies capturadas, ya sea pescado o camarón, se supone que deben ser donadas al DIF, pero según expusieron las personas cuyas especies les fueron decomisadas, al indagar en el organismo asistencial les han informado no haber recibido producto alguno por parte de la PROFEPA, por lo que le solicitaron a la Diputada Nancy Sánchez Arredondo que realice las gestiones necesarias ante las autoridades federales, con la finalidad de que realicen una auditoria a los inspectores mencionados para que esclarezcan el paradero tanto de los productos decomisados, que suman varias toneladas, como de las redes y sus accesorios.

Otra irregularidad denunciada por los pescadores es que cuando dejan de pagar la “cuota”, los inspectores llegan a infraccionar a estos y dejan que sigan pescando los que se encuentran en los alrededores, lo que se les hace sumamente sospechoso.

Respecto a la Vaquita Marina, que es una de las especies que dieron origen a declarar a San Felipe y Puerto Peñasco como zona de Reserva de la Biosfera y, en consecuencia restringir la actividad pesquera, los pescadores con más años de ejercer este oficio coincidieron en que nunca habían avistado un ejemplar de estos y para concluir afirmaron “Aquí es más fácil ver una sirena que una vaquita marina”